El Estado mexicano tiene el compromiso de atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir el caso del presunto asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, ocurrido en 2001, así como para resacir daños.
Así lo dio a conocer este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un día después de que el gobierno federal fue notificado de la sentencia definitiva sobre el caso Digna Ochoa y Familiares contra México.
“En la sentencia, la CIDH reconoce la disposición del Estado mexicano para resolver las falencias que pudieran existir en la investigación del caso de la muerte de Digna Ochoa”, afirmó la dependencia.
Aseguró que el Estado estudiará con atención las disposiciones del tribunal a fin de cumplir con sus términos de conformidad con sus obligaciones según la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Estado mexicano también “refrenda los compromisos y acuerdos alcanzados con la familia de la defensora Digna Ochoa en el presente caso en materia de reparación del daño y garantías de no repetición”.
Agregó que la labor de la defensora Digna Ochoa y reitera su compromiso de honrar su memoria y legado.
En su resolución, la CIDH acreditó que el Estado mexicano es responsable de graves omisiones y fallas en la investigación de la muerte de la defensora de los derechos humanos, por lo que le ordenó reabrir la investigación y juzgar a los posibles responsables.
¿Qué le ocurrió a Digna Ochoa?
El 19 de octubre de 2001, la defensora de campesinos y ambientalistas en Guerrero, de donde era oriunda, fue hallada muerta, con signos de violencia, en su departamento de la Ciudad de México.
Pese a los indicios de un presunto asesinato, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México insistió en clasificar el caso como un suicidio y lo cerró.
En 2005, el cuerpo de Ochoa y Plácido fue exhumado para un nuevo peritaje. Dos años después, un testimonio señalaba al exacalde de Petatlán, Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada.
Esto, en represalia hacia la abogada por defender a campesinos contrarios a los intereses del exedil.
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso a la Corte y recomendó abrirlo. Esto, debido a que halló múltiples evidencias contra la versión del suicidio y fallas en el expediente, como el mal manejo del cadáver, la escena del crimen y no incluir como líneas de investigación las amenazas y el secuestro previo que sufrió Ochoa y Plácido.
