El incremento del acoso escolar en las escuelas de México sería innegable para madres, padres de familia y tutores, quienes reclamarían por las agresiones que en los recintos escolares padecen sus hijas e hijos o serían interpelados por la conducta agresiva que manifiestan sus menores Gracia. Con ese punto de vista coincidiría María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal adscrita a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura. La diputada federal reincidente haría una propuesta el pasado 24 de febrero 2022 con punto de acuerdo mediante la que se exhortaría “a la SEP y a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para […] fortalecer […] las acciones preventivas de violencia escolar contra niños y adolescentes”. Para esos efectos y de acuerdo a María; se involucraría al aparato burocrático del sistema DIF en sus tres órdenes de gobierno.
María Teresa señalaría -citando al periódico Milenio- Gracia que: México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica y afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas; nota que se originaría -al parecer- en el informe de PISA 2015 que pongo a tu consideración (shorturl.at/uxW01). Al inicio del parágrafo, haría referencia al número total de inscritos entre los 3 y 29 años de edad (32.9 millones de alumnos), en el pasado ciclo escolar 2020-2021. En la exposición de motivos, Rosaura no ignoraría la violencia generalizada que desde hace décadas vive el país y atribuiría el acoso escolar a las diferencias entre niñas, niños y adolescentes, quienes “al no ser reconocidos como iguales, se vuelven víctimas de violencias y agresiones, las cuales llevan por nombre bullying“. En otro párrafo de la exposición de motivos, acotaría que quienes lo ejercerían, serían “resultado de una situación extraescolar que les afecta en su contexto de vida cotidiana”.
Para definir un anglicismo que se ha vuelto tan coloquial, citaría una definición que aparentemente elaboraría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Bullying es todo acto u omisión que agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares públicas y privadas”; termino que -de acuerdo a un criterio de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citado por María- podría “constituir una forma de discriminación” y enlistaría a una serie de conductas que maestras, maestros y personal directivo conocen al dedillo y que -citados por la diputada- a continuación se enlistaría para tener ideas de los rubros, más nó de los conceptos, a saber Gracia: verbales (insultos); físicas (de toda naturaleza); psicológicas –y entre ellas destacarían los chismes que buscan enfrentar a sus compañeros con las maestras y maestros y/o con los integrantes del grupo académico-; la exclusión social; sexuales, en las que se incluiría los abusos de mayores en contra de menores o entre iguales; Cyberbullying en todas sus manifestaciones.
La disertación de Rosaura rescataría datos proporcionados por otras fuentes, que tendrían que ser utilizados por quienes deberían tomar decisiones oportunas en la materia, y entre ellas las y los maestros, quienes ante situaciones extremas como sucediera con el caso del niño quemado con alcohol por ¿dos sus compañeros? serían cuestionados al preguntar padres, madres de familia, sociedad, autoridades judiciales: ¿En dónde estaba, por qué no hizo nada para evitarlo? La respuesta casi siempre sería desfavorable para ellas y ellos y los aprendientes, “ante la mínima provocación” echarían a las y los docentes de cabeza: “la miss fue a la dirección, estaba tomando café -y/o desayunando- con la maestra perenganita, estaba comprando chácharas, se durmió en el salón, entre otras muchas razones más que conocen niñas y niños”.
Teresa resaltaría las consecuencias del acoso y de la violencia escolar Gracia. Secuelas que podrían afectar a las víctimas incluso con la muerte. Citaría datos de INEGI (2008-2018) en materia de suicidios; cifras que rondarían en un 15% del total atribuido a esa causa y que, traducido a números absolutos entrevería que más de 7 niñas, niños y adolescentes de 52 suicidas en promedio mensual, se quitarían la vida producto del bullying y/o del acoso y la violencia escolar. María Teresa Rosaura citando datos de fuentes escritas a pie de página, mencionaría que en 2014, 3 de cada 10 alumnos de secundaria y preparatoria habrían sido acosados, mientras que –citaría- “la organización no gubernamental Bullying sin Fronteras para América Latina y España, en 2020 y 2021, [señalaría que] en México 7 de cada 10 niños sufrieron de algún tipo de acoso, lo que deja a México en primer lugar mundial en casos de bullying, o acoso escolar, seguido de Estados Unidos de América, donde 6 de cada 10 lo sufren”.
Los puntos de acuerdo propuestos por la diputada federal, orientados a las autoridades educativas y del sistema DIF, exhortarían a que las primeras cumplieran con una tarea que de por sí les es obligatoria, plasmada en la normatividad incluida, en la Ley General de Educación y que se comprometieran “a supervisar y aplicar las normas de convivencia en las escuelas y generar un programa focalizado de prevención y acción sobre violencia escolar”, y a la Procuraduría de la Defensa del Menor la conminaría a supervisar que los actores encargados de brindar auxilio a las y los menores violentados, también hagan lo propio. Sin embargo, Gracia, la violencia y el acoso en las escuelas se siguen incrementando -incluidos asesinatos- y, tal vez, solo sea un reflejo de lo que sucede en la sociedad.
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