Mediante el Comunicado de prensa 003/2022 Madres y padres de familia son quienes deciden el uso de los recursos de La Escuela es Nuestra, fechado el 29 de abril Gracia, la Secretaría de Educación Pública federal informaría de la conformación de “cuatro Comités Escolares de Administración Participativa en escuelas de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán”; los primeros en incluir un nuevo componente: jornada ampliada y alimentación. El documento señalaría algunas cuestiones que valdría la pena resaltar y, entre ellas destacaría Gracia, la sustitución del Programa Escuelas de Tiempo Completo -liquidadas formalmente en la administración de Esteban Moctezuma- por la agregación de un nuevo componente al Programa La Escuela Es Nuestra, mediante el que se podría alargar, a partir de este año, la jornada escolar, “o [se brindaría] alimentación para las y los estudiantes” de educación básica, denominado –indistintamente- jornada ampliada y alimentación o escuelas de “horario extendido y alimentación” y adicionalmente, el incremento -en estas escuelas- de los recursos que se asignarían en función del número de estudiantes –aprendientes de acuerdo a la nueva terminología- inscritos en cada plantel.
No obstante que las reglas de operación asignarían la responsabilidad del destino que tendrían los recursos presupuestales a los Comités Escolares de Administración Participativa, el comunicado de marras los subordinaría a la decisión de la comunidad escolar si bien en su operación, sobresaldría la imposición de obras y contratistas que los “facilitadores autorizados” -funcionarios de la Secretaría del Bienestar- asignarían de acuerdo a “intereses propios o superiores”, como constaría en denuncias que algunos medios de comunicación reprodujeran en su momento. Los recursos -señala el comunicado- podrían ser utilizados “para construcción, mantenimiento y equipamiento de los centros educativos y, a partir de 2022, también para extender la jornada escolar o brindar alimentación para las y los estudiantes”.
Sin embargo, las reglas de operación del programa PLEEN -de las que se excluiría al Programa de Escuelas de Tiempo Completo según denunciara Mexicanos Primero AC., publicadas en el Acuerdo número 05/02/22, generarían obligaciones que comprometerían al personal directivo y, a la o el maestro que por excepción se integrara a algún Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), lo mismo que al resto de sus integrantes. Exigencias que, en el caso de la comisión de algún ilícito, podrían terminar en el “fincamiento” de responsabilidades administrativas y/o penales y que, en el menor de los casos, podrían ocasionar al directivo suscribiente la pérdida de su plaza y, en el mayor, “dar con sus huesos en chirona” y no necesariamente por su culpa. Como te mencionara líneas atrás, en no pocas ocasiones, los TESTIGOS inducirían la asignación de la obra a proveedores ajenos al plantel escolar, quienes, de acuerdo a denuncias, huirían en ocasiones con los bienes ajenos.
La declaratoria que la directora o el director del plantel suscribirían a pesar de no ocupar ningún cargo de responsabilidad de acuerdo a las reglas de operación, como sí podría suceder con algún docente que podría excepcionalmente desempeñar el cargo de tesorero, sería una joya, y en virtud de ella, se obligarían voluntariamente a: “dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra”, por lo que se comprometerían “a recibir, ejercer, comprobar, dar seguimiento a las acciones del CEAP, rendir cuentas y, en los casos aplicables conforme a las RO, reintegrar los recursos ministrados” y, de la misma manera, se subordinarían al cumplimiento de las decisiones que adoptase el comité y a querellarse ante las autoridades competentes “en los casos en que seamos sabedores de actos ilícitos o contrarios a la normativa del Programa”, si bien cada CEAP cuente con un comité de transparencia, ajeno al personal docente y directivo.
Las reglas de operación definirían “las acciones a llevar por el CEAP“; entre las que se encontrarían varias que involucran al personal directivo de las escuelas tan solo por firmar. Bastaría con reproducir el inciso a) del apartado en comento en el que se establecería: “Recibir los recursos federales, ejecutar, comprobar y rendir cuentas bimestralmente a la comunidad escolar de los recursos asignados al plantel, de manera eficiente, responsable y transparente” y, adicionalmente, elaborar un diagnóstico en materia de la infraestructura requerida, elaborar y presentar un programa de trabajo, rendir cuentas a la comunidad escolar entre otras acciones. El inciso o) le obligaría a “presentar denuncia ante la autoridad competente […] ante presuntos actos de particulares o servidores públicos vinculados con faltas administrativas graves” y, el p) le llevaría a “acudir ante la fiscalía general de Justicia de su entidad a presentar denuncia en los casos que se presuma la comisión de un delito relacionado con los recursos federales del PLEEN”, y otras lindezas más que revisaríamos en otra ocasión Gracia.
En tanto eso sucediese, y solo por aprovechar el tiempo, se podrían realizar algunas cuentas que permitieran deducir el gasto per cápita por alumno si la totalidad de los recursos se destinaran a gasto alimenticio. El comunicado aludido en los primeros renglones Gracia, permitiría conocer que a una escuela inscrita en el padrón del Programa La Escuela es Nuestra con más de 150 alumnas y alumnos en su matrícula, le corresponderían 600 000 pesos anuales, que equivaldrían a un gasto de 4 000 pesos anuales por niña-niño y que, divididos entre los 200 días del calendario escolar, arrojarían un total de 20 pesos diarios por cabeza, dejando de lado que las RO priorizan la solución a problemas derivados de una infraestructura escolar deficiente y falta de agua y encima les endilgan los gastos de alimentación lo mismo que el pago de la jornada laboral ampliada. Pregunta seria ¿sabrían las y los directivos escolares a la que se meten Gracia?
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