Hace algunos días, Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior de la actual administración, “atestiguaría a través de Zoom” la entrega de un título profesional a un connacional radicado en EE. UU, quien, aunque se “tardara un poquito” cursaría estudios correspondientes a una licenciatura en la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). Sin lugar a dudas, habría mucho que festejar tanto por parte del consulado mexicano responsable de la entrega física de un documento largamente acariciado por el agraciado -quien seguramente se habría agasajado en compañía de sus seres queridos- como por la rectora de una institución que habría sido creada ex profeso, lo mismo que por la agrupación de universidades que ahora se sabría que existe y, por quien se desempeña en una posición encargada de instrumentar políticas públicas en la educación superior.
Sin embargo; Luis Fernando pronto podría darse de topes en la pared cuando, dejado a su suerte -y sin madrinas y/o padrinos- quisiera tramitar su cédula profesional o ejercer la profesión -recientemente reconocida por el gobierno federal– en cualquier entidad, pues se enfrentaría en primer término, a la burocracia generada por una dependencia de la Secretaría de Educación Pública: la DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES; departamento que ni te recibe, ni responde correos electrónicos -en general- y, mucho menos contesta teléfonos, a pesar de tener documentos rezagados por más de dos años. Abandono que afecta a profesionales, a quienes el propio gobierno cuando los contrata, les requiere presentar título y cédula profesional; y, en segundo, cuando Luis quisiese prestar sus servicios como asesor en Pymes en alguna entidad de “Gringolandia”, le exigirían aprobar el examen de barra, de acuerdo a lo que establecen las reglas de origen de los EE. UU, cuestión que le remitiría a estudiar nuevamente la licenciatura.
Luis iniciaría su trámite en México, igual que cualquier otro mortal que pretendiera adquirir su patente de ejercicio profesional tras concluir sus estudios, tramitando su Cédula de Identificación Fiscal en una dependencia que buscaría a toda costa, expandir su ejército tributario, incluyendo a las y los menores que cumpliesen 18 años de edad -medida rechazada socialmente- y que, tras un proceso puesto en marcha el 1 de octubre de 2018 por Aurelio Nuño, titular de la oficina educativa de la administración de Enrique Peña Nieto, se convirtiera en requisito indispensable. El peregrinar de todos los Luis iniciaría en el Sistema de Administración Tributaria de la SHyCP; instancia a la que tendría que acudir solicitando una cita a través del portal digital de la dependencia, que una vez otorgada requeriría de su presencia 3 o 4 semanas después, siempre y cuando no tuviese algún conflicto de homonimia, RFC duplicado o fuese anteriormente dado de baja del sistema, en cuyo caso, la obtención de la e-firma se alargaría hasta la solución del conflicto del expediente personal, aunque habría casos que después de 5 o 6 años aún estarían pendientes.
La obtención de la firma electrónica podría iniciarse a partir de los 18 años como pretendería el SAT; aunque los nuevos obligados declarasen en 0 mientras no tuviesen ingresos económicos derivados de una actividad productiva, si bien en sus tarjetas de débito se reflejaran aportaciones familiares, remesas y transferencias para su manutención ya gravadas que para la dependencia podrían parecerse a ingresos propios y prestarse a una mala interpretación.
El galimatías para quienes no son Luis, se complicaría a partir de la tramitación del certificado de estudios y cuyo proceso -que se documentaría en otra carta Gracia-, podría prolongarse hasta un año seis meses, incluida la expedición del certificado y la revisión del expediente por una instancia determinada por la autoridad educativa local. Expediente que se integraría con el acta de nacimiento, CURP, constancia de servicio social del que posiblemente -especulando- habría estado exento Luis, pero no así quienes de manera normal realizan esa retribución con trabajo al Estado, certificado de licenciatura y que “subirían a plataforma”. Proceso que iniciaría por la captura del expediente del egresado que incluiría datos generales más la documentación antes mencionada, seguido de un pago de derechos para poder ser enviado a revisión por parte de las autoridades y que una vez aprobado, pasaría por las firmas correspondientes (dirección de profesiones, subsecretaría, secretarías de educación locales) indispensables para la validación del título profesional y que, una vez recabadas, permitirían que el documento de marras fuere registrado por la Dirección General de Profesiones. Registro que, si no fuere observado, requeriría entre 15 y 30 días hábiles o tal vez un poco más, incluidas la instancia local y la federal.
No obstante, y como posiblemente LF regresaría a su “México lindo y querido”, tendría que someterse al ejercicio -en ocasiones negligente- de una dependencia que se encuentra acéfala desde la renuncia de Eduardo Andrade, “ocurrida en el transcurso del mes de febrero” y, es ahí, en donde la puerca torcería el rabo. Si el trámite de cédula federal tuviese tránsito digital normal, se remitiría finalmente al usuario o a la institución universitaria en la que cursara sus estudios, en un lapso no mayor a los 30 días hábiles quienes podrían descargarlo e imprimirlo de manera gratuita. En caso contrario, la dependencia federal lo haría del conocimiento de sus homólogos locales, quienes solicitarían a las instituciones de educación superior resolvieran lo conducente. No obstante, en algunas ocasiones la comunicación institucional se rompe, y las alumnas y los alumnos en proceso de titulación quedan en la más espantosa indefensión y en espera de que algún milagro acelere su trámite.
Una experta en el tema acotaría lo escrito y señalaría: “el esquema establecido por profesiones (publicado en el DOF en abril del 2018) para la recepción en forma electrónica de los títulos profesionales o grados académicos, para efectos de su registro ante dicha instancia reguladora, ha creado vacíos reglamentarios ante necesidades que han surgido bajo dicho esquema, sin contar con una figura en su organigrama que vincule a esta instancia con las IES, capaz de dar respuesta oportuna a los nuevos retos con los que se encuentran a 4 años de haber implementado el título electrónico; materia que permitiría que la nueva burocracia dorada se enquiste y apropie de un espacio creado para eliminar la corrupción previamente denunciada e ignore “nuevos retos y de respuesta lenta o nula para atender a sus usuarios“.
En tanto Gracia, te expreso mi solidaridad y mi indignación por la espera de casi 3 años y cacho que tu prima Alma lleva sin recibir su título y su cédula profesional que debiese entregar la rectoría de la Universidad Metropolitana Azcapotzalco, justificados por la pandemia y la inanición de muchos espacios públicos. Nos saludaremos nuevamente Gracia y mientras, estaríamos a la espera de que sucediera algún milagro.
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