En la Nocturna del pasado martes, un panel de discusión en torno a asuntos universitarios, se planteó la importancia de observar la legislación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la urgente necesidad de promover una verdadera cultura de respeto a la ley.
Esta reflexión se vio motivada, en esta ocasión, por dos acciones llevadas a cabo por la vicerrectoría de investigación y estudios de posgrado. La primera, proponer como obligatorio para los alumnos del primer semestre de los posgrados del área de Humanidades y Educación un curso sobre género e inclusión. La segunda, hacer un conjunto de “observaciones” a las cargas académicas de los profesores-investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, aunque no dudo que este tipo de “observaciones” se hayan hecho igualmente al resto de las unidades académicas.
¿Qué tienen que ver estas acciones con la observancia de la legislación universitaria? Todo, puesto que la vicerrectoría en cuestión no está facultada para hacer ni una cosa ni la otra. No está facultada para proponer cursos de ninguna clase, puesto que es una dependencia administrativa y no académica. Tampoco está facultada para hacer “observaciones” a las cargas académicas de los profesores-investigadores, puesto que esta atribución corresponde a las academias y, en última instancia, a los consejos de unidad académica a la que los trabajadores están adscritos.
Como ustedes saben bien, los funcionarios, y sobre todo los de más alto nivel, asumen su cargo protestando cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria y cada paso que den debe estar fundamentado en ella. ¿Por qué? Porque sólo pueden hacer lo que la ley les permite, cualquier otra cosa les está prohibida.
Si esto es así, ¿por qué se dan estas constantes extralimitaciones por parte de los funcionarios? Porque hace años que por la vía de los hechos se han suplantado y usurpado las funciones de las autoridades personales y colegiadas.
Esta situación de una anomia generalizada ha servido para “normalizar” una administración cada vez más centralizada, controladora y discrecional lo que ha dado paso al consecuente estado de indefensión en el que se encuentran trabajadores(as) y estudiantes en general.
Cuando en una institución se instala la discrecionalidad de los funcionarios o de las autoridades personales desaparece la certeza jurídica indispensable para sostener las relaciones de trabajo, sociales y políticas entre la comunidad.
Cuando en una institución se instala la discrecionalidad de sus funcionarios ya no se puede hablar de institución, puesto que la discrecionalidad somete al capricho de todos y de cada uno de los funcionarios el destino de quienes dependen de sus decisiones arbitrarias; ya no se tienen instituciones – leyes – a las cuales recurrir; se está a la deriva con la zozobra de que cualquier ocurrencia puede acontecer.
Es indudable que las normas no sólo tienen su razón de ser en el consenso logrado para convertirlas en el medio para alcanzar los fines de esa institución que regulan, sino que su observancia dota a ésta de estabilidad y les garantiza a los integrantes de su comunidad el respeto a sus derechos.
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