Ya les he platicado sobre el caso de una persona muy querida que recurrió a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para denunciar el acoso laboral por parte de un funcionario del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, denuncia que obtuvo como respuesta que el director de ese instituto le informara, mediante oficio, que ahora, en lugar de tener un jefe, o un “directo responsable” como él los denominó, tendría cuatro: el propio director, el funcionario denunciado, un empleado administrativo recién contratado para desempeñar múltiples tareas y otra empleada que siempre ha ocupado el escritorio “al lado” de esta trabajadora universitaria.
Además, el director le pidió, a ella y a nadie más, un informe del trabajo realizado durante la pandemia y le ordenó se presentara a trabajar a pesar del dictamen médico que la diagnostica con una bronquitis aguda de la que todavía no se recupera, y una neumopatía intersticial crónica por la inhalación de hongos, esporas, bacterias, químicos y toxinas provocada por lo insalubre de su lugar de trabajo.
En otras palabras, a la denuncia en contra del funcionario subalterno del director, éste reincidió con el trato desigual y la discriminación por edad hacia la denunciante, quien se vio obligada a ampliar su denuncia, ahora en contra del director mismo.
¿En qué va el caso? Pues ahora la Oficina de la Abogada General, sin motivo ni fundamento jurídico, “atrajo el caso”, casi casi como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha citado a la trabajadora denunciante aludiendo al artículo 90 del contrato colectivo que regula las relaciones laborales de los trabajadores administrativos, en el que se habla del procedimiento propio de las investigaciones administrativas.
A ver, ¿cómo? Una trabajadora denuncia el hostigamiento laboral, la castigan, amplía la denuncia al director ¿y le inician una investigación administrativa? Además, le piden que ratifique su denuncia presentada ante la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿No conocen el Estatuto Orgánico y el Reglamento de la Defensoría? Ésta es totalmente independiente de cualquier otra autoridad o funcionario. ¿De dónde le salieron “los poderes de atracción” a la oficina de la abogada general?
Este no es realmente un estudio de caso de la “Gobernanza y Gestión incluyentes y con trato humano” del plan general de desarrollo de la universidad, recientemente presentado y aprobado, es la regla con la que esta administración procede frente a cualquier intento del universitario(a) por defender sus derechos. Si te quejas porque te hostigan: palo. Si “reincides” con tu queja: palo. Si presentas una denuncia la convierten, por quién sabe qué artes, en una investigación administrativa en tu contra.
¿Cómo puede una administración ser incluyente cuando discrimina a una trabajadora por su género, por su edad y por defender sus derechos? Tiene 69 años y más de veinte años al servicio de la universidad con un desempeño reconocido por autoridades, colegas y compañeros(as).
¿Cómo puede haber un trato humano si, a pesar de haber enfermado por las condiciones insalubres de trabajo, ahora le inician una investigación administrativa por denunciar su infamante situación laboral?
A otro con ese cuento del trato incluyente y humano.
Desgraciadamente lo que hemos señalado se cumple. Del eje 1 del plan (PDI) no emana el trato incluyente y humano, sino el control y la vigilancia. Una denuncia ante Derechos Universitarios se “judicializa”, recuerden que la oficina de la abogada general “depende” de su “equipo líder” que es la secretaría general. Lo dicho: están blandiendo el bastón.
Pero se equivocan si creen que sus amenazas van a detener a una trabajadora que siempre se ha distinguido por su trato alegre, amable y muy profesional. Alguien que tiene algo que la administración desconoce y que se llama dignidad y respeto por ella misma. Frente a esta arremetida de la administración central, su figura crece y al hacerse visible se convierte en el pretexto perfecto para aplicarle un “castigo ejemplar”. Ella lo sabe, pero es mucho más fuerte su convicción por defender sus derechos.
No puedo dejar de pensar en el teatro que han montado con todos esos aparatos administrativos supuestamente creados para acompañar y proteger a las mujeres y a los universitarios en general. Pero también pienso que sí hay organizaciones genuinas que en la discusión colegiada de estos casos pueden llegar a “hacer la diferencia”, a constituirse en verdaderos espacios de apoyo y de acompañamiento de las universitarias(os) acosadas, vejadas y ultrajadas.
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