El viernes 8 de julio es el último día de labores en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos vamos de vacaciones para regresar el 1º de agosto. Y, antes de decirnos hasta la vista, quisiera hacer esta reflexión con ustedes.
Ya se enteraron de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró que nunca había solicitado a los patrones la entrega de una constancia de situación fiscal. Era obvio, esa información ya la tienen. Entonces ¿qué pasó?
Por una parte, la administración central de la BUAP aprovechó una excelente oportunidad para hacerse de una información privada de todos sus trabajadores. Y, por la otra, los trabajadores ni “chistamos”. ¿Por qué este comportamiento?
¿Por qué los trabajadores no levantamos la voz para defender nuestros derechos, para cuestionar las medidas o para exigir que la administración central cumpla con la ley y sólo con lo que la ley le permite?
Es un hecho que no queremos arriesgarnos a enfrentar una medida punitiva, por arbitraria que sea, y por ello hacemos “lo que nos manden”.
Seguramente estas cifras ya han cambiado para empeorar, pero al menos el 70% del personal docente está por tiempo determinado, y probablemente en el caso del personal administrativo el porcentaje es mucho mayor. Además, no contamos con organizaciones gremiales genuinas, que velen por los intereses de sus agremiados, y hemos acabado, desde hace décadas, por “rascarnos con nuestras propias uñas”. ¿Por qué?
Los salarios son tan bajos que dependemos económicamente de los mal llamados “estímulos”, “becas”, etc. Y como éstos son limitados, entonces competimos entre nosotros en lugar de competir como gremio por una mejora salarial para todos.
Por supuesto que esta precariedad laboral y, en consecuencia, salarial ha impactado en la calidad de la enseñanza y en las condiciones de estudio y de trabajo dentro de la universidad. Mientras no se logre la profesionalización de la enseñanza, la calidad no será la óptima alcanzable.
Pero ¿por qué tememos una medida punitiva? ¿Por qué está nuestra suerte laboral en manos de una burocracia que poco o nada sabe de la academia? Porque esta burocracia ha sido lo suficientemente hábil para eliminar cualquier contrapeso posible. ¿Cómo hablar de contrapesos cuando las votaciones dentro de las autoridades colegiadas son por unanimidad? ¿Cómo hablar de contrapesos cuando las autoridades personales ya no pueden nombrar libremente a sus secretarios, las personas que deben ser de su mayor confianza para apoyarlos en la dirección de su unidad académica? Así, se ha desvirtuado el papel de las autoridades personales y colegiadas, únicas capaces de ponerle límites a ese ejercicio absolutamente vertical del poder.
Siempre hemos pensado que la ley es un criterio que nos permite orientarnos en la toma de decisiones. Y si la cumplimos no es por un mero formalismo, sino porque creemos que efectivamente regula las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria.
Y siempre hemos pensado, sobre todo como universitarios, que no sólo enseñamos a nuestros estudiantes a cuestionarse las cosas, sino a emitir su opinión y a defender sus derechos por medio de la razón.
Esperamos que especialmente las autoridades y los funcionarios cumplan con la ley y que, si no lo hacen, haya consecuencias. Pero sólo nosotros, los que no somos ni una ni otra cosa, podemos lograr que se respeten nuestros derechos. Nadie nos va a regalar nada, y mucho menos una administración central ocupada sólo en prolongarse en el poder.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
