*Por: Dra. Valentina Campos Cabral
Este 16 de febrero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera en el marco de la discusión del Amparo en Revisión 134/2021, presentado por la Comunidad nahua de Tecoltemi del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, luego de que por segunda ocasión se postergó la discusión que se tenía prevista el 2 de febrero de este año.
Este caso es de vital relevancia en virtud de que los campesinos e indígenas denuncian el contenido de tres artículos (6, 15 y 19) de una ley que otorga un carácter preferente a la actividad minera y con ello permite la expropiación, ocupación y aprovechamiento de tierras y agua para esta actividad en perjuicio de cualquiera otra que realicen las comunidades, a la par que permite una vigencia de las concesiones hasta por hasta 100 años.
Ambientalistas, académicos y organizaciones sociales que han acompañado la oposición al proyecto minero, se han pronunciado en diferentes momentos y escenarios por la necesidad de reconocer y anteponer los derechos al territorio, la vida y un medio ambiente sano, reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, de comunidades indígenas y campesinas, que con fuerza aún desde condiciones adversas, han exigido ser escuchadas y comprendidas en sus formas y medios de vida, altamente dependientes de la tierra, agua y biodiversidad, afectadas ante el impulso de una actividad con un alto impacto ambiental, social y cultural.
A este clamor, recientemente se han unido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria (PA), en la calificación de que esta legislación es discriminatoria, generadora de desigualdad e injusticia al determinar de manera anticipada y automática que la minería tiene mayor valor que cualquier actividad que realicen las comunidades, por lo que exhortan a las ministras y ministros apegarse a los estándares de protección de derechos más altos.
Desde este espacio hacemos eco de la exigencia de los pueblos indígenas a su derecho a la tierra y el territorio y, por tanto, a lo que en él ocurra, lo que se traduce en la posibilidad a ser consultados y a valorar si aprueban o no una actividad que los afecta en su propiedad o usufructo. Así mismo, destacamos el énfasis que hacen en esta defensa de la dimensión ambiental, en un contexto de crisis socioambiental que demanda escuchar los diferentes gritos de auxilio de un planeta que nos sostiene y en el que es insoslayable reconocer el destino común que nos une.
*Doctora en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados. Maestra en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados y Licenciada en Biología por la BUAP.Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la Ibero Puebla. Forma parte del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Comunicación y Cambio Social, así como de la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial. Colabora con la Licenciatura en Ciencias Ambientales.Postdoctora por la UNAM en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas.Postdoctora por la BUAP en el Instituto de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Sus líneas de investigación están enfocadas al análisis de la acción colectiva, en dos dimensiones: la detonada por conflictos socioambientales a propósito del impulso de megaproyectos, así como la resultante de la gestión formal e informal del agua, suelo y bosques.
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