Comerciantes de autopartes de la 46 Poniente, en la capital de Puebla, pidieron parar los operativos de las autoridades, pues desde el 22 de julio que se hizo el primero, 300 locales están cerrados, afectando a mil 500 personas que laboraban en los mismos.
En rueda de prensa, Saraí Ramos Romero, de la Unión de Refaccionarias, comentó que “ni siquiera saben” si los están culpando por el delito de autopartes robadas, ya que en la mayoría de los sellos de clausura dice que la investigación es por narcomenudeo.
Recordó que el 22 de julio fue el primer operativo, en donde los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal no mostraron orden de cateo, sino que solo llegaron los locales, los abrieron, metían patrullas para vaciarlos y sellaban las casas, donde estuvieron durante cinco días.
Detalló que a la semana siguiente se hizo lo mismo e incluso aunque llegaron propietarios de los comercios para acreditar que tenían factura de la mercancía, no los dejaban acercar y les decían que lo podían hacer, pero que si encontraban algo que no era legal se los llevaban.
Sin decir una cifra, dijo que los locales que no habían sido cerrados los propietarios decidieron abrir para vender, pero al día siguiente llegó Protección Civil y los clausuró, dejando la notificación para que se fueran a regularizar, pero al llegar al ayuntamiento les informaron que “para la 46 no había nada”.
“Ya tenemos miedo, no sabes qué hacer, nos están quitando todo, gente que tiene los papeles y comprobar que nuestra mercancía es lícita, nueva, están arrasando parejo, vemos cómo se llevan las pertenencias y creo que no son justas las arbitrariedades por las que estamos pasando”, asentó.
Aseveró que no están en contra de que se combata la delincuencia, pues “aplauden eso”, pero que no sea parejo, porque “no todos son iguales” y hay gente que está trabajando “honestamente” desde hace varios años, no solo de los que venden autopartes, sino de otros rubros.
Piden diálogo con ayuntamiento y gobierno
Ramos Romero recriminó que “no se sepa hasta el momento” cuál es el objetivo de tantos cateos, o si solo “quieren acabar con la zona”, por lo que pidió que se haga una mesa de diálogo con el ayuntamiento y el gobierno estatal para ver qué es lo que necesitan para seguir trabajando.
“Estamos dispuestos a pagar las multas que van desde los 9 mil pesos la mínima y a ponernos en regla, pero que nos dejen abrir, que podamos trabajar, porque ya llevamos casi un mes así y mucha gente no tiene ingresos porque solo se dedicaban a esto y ahora su patrimonio de la noche a la mañana nos lo quitaron”, remarcó.
Acusó que no saben a dónde se están llevando la mercancía que les han decomisado, por lo que llamó a las autoridades a que les den una solución, pues son muchas familias las que dependen de la actividad comercial de esta zona y ahora “no tiene nada”.
Es de resaltar que el último operativo fue el sábado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de células de las policías estatal y municipal, por lo que se montó un cerco a los alrededores desde las 42 hasta la 50 poniente y sus intersecciones, lo que no permitió la entrada y salida de vehículos en tanto se revisaban locales.
