La diputada federal María Rosete del PT impulsa iniciativa para adicionar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un capítulo denominado “Violencia Vicaria”.
La propuesta de la petista, que adiciona los artículos 7 Bis, 8 Bis, 9 Bis y 9 Ter a dicha ley, define la violencia vicaria como el acto u omisión realizado a quien tenga o haya mantenido una relación afectiva de pareja con o sin convivencia, sin importar su orientación sexual por sí o por interpósita persona que genere un daño físico, psicológico, emocional, económico o de cualquier índole a un ascendiente, descendiente, dependiente económico, allegados, seres sintientes o bienes de la víctima.
Establece que se considera que existe la finalidad de causar daño a la víctima, cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes: la existencia de una o más denuncias o querellas de cualquier tipo de violencia por parte de la víctima o un tercero; exista un juicio en materia familiar, en el que se determine o haya indicios de cualquier tipo de violencia ejercida por el agresor hacia la víctima o sus allegados; cuando sin orden de autoridad competente el agresor, por sí mismo o por interpósita persona, sustraiga a las hijas o hijos de la víctima o existan cualquier tipo de amenazas verbales o escritas de la persona agresora a la víctima.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) indicó que, como una acción de protección a la víctima de violencia vicaria, el Estado deberá garantizar designarle de manera provisional y en sentencia firme el uso y disfrute de la vivienda que haya servido durante la relación afectiva de pareja, y de ser el hogar conyugal no importará el régimen de sociedad contraído.
“Una violencia, que si no es reconocida y atendida para prevenirla, sancionarla y erradicarla puede llegar a causar la muerte de algún integrante, especialmente de las hijas e hijos del núcleo familiar”, sostiene.
La reforma, añade, busca visibilizar una violencia que ha sido normalizada y que perjudica a miles de personas que están en desventaja, al no existir mecanismos disponibles y accesibles para las víctimas de esta violencia, a pesar de las múltiples denuncias y procedimientos judiciales interpuestos.
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