Con la captura del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, suman 17 exmandatarios estatales detenidos por actos de corrupción y otros delitos, la mayoría emanados del PRI, de los cuales ocho ya salieron por ser exonerados o cumplir sus condenas.
Fue el pasado 3 de abril de este año cuando el priista poblano fue detenido en Acapulco, Guerrero, por la detención ilegal y tortura de la periodista Lydya Cacho Ribeiro en 2005; posteriormente, fue ingresado al Cereso de Cancún, luego de estar prófugo por varios meses.
Al igual que Marín Torres, varios estuvieron prófugos de la justicia por mucho tiempo, como César Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, tiempo en el que perpetró un desvío por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones y entregó recursos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para financiar varias campañas e incluso obtuvo su propio banco, el llamado Banco Unión Progreso de Chihuahua.
En 2017 se giró una orden de aprehensión en su contra, pero fue hasta el 8 de julio de 2020, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando finalmente fue aprehendido en Florida.
Priista destacado por corrupción: Duarte de Ochoa
Otro de los exgobernadores más sonados por actos de corrupción es el priista César Duarte de Ochoa, quien gobernó Veracruz también de 2010 a 2016, aunque antes de terminar su periodo solicitó licencia al Congreso del estado debido a acusaciones de actos de corrupción.
El veracruzano fue señalado de desviar 233 millones de pesos del erario a través de empresas fantasma y prestanombres; él estuvo alrededor de seis meses preso y finalmente fue detenido en un hotel de Guatemala el 16 de abril de 2017 (cuando dirigió el país Enrique Peña Nieto) por lavado de dinero, pero la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le reclasificó el delito de delincuencia organizada a enriquecimiento ilícito, que es menos grave. El pasado mayo, un juez ordenó una sentencia de apenas nueve años de prisión, además de ordenar regresarle 40 inmuebles que le habían decomisado.
A la lista de priistas, se agrega Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, quien fue señalado por la venta ilegal de terrenos patrimonio del estado y desfalcos de hasta 30 mil millones de pesos. Finalmente fue detenido el 4 de junio de 2017, en Panamá para ser extraditado a México donde lo acusaron de lavado de dinero, peculado y ejercicio indebido del servicio público; en 2019 se le dictaron dos años de prisión preventiva justificada, pero podría alcanzar hasta 15 años de cárcel.
Por su parte, el priista Rodrigo Medina de la Cruz gobernó Nuevo León de 2009 a 2015, lapso en el que habría hecho un desfalco de 3 mil millones de pesos, sin embargo, en 2017 libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio.
Granier, con libertad absoluta
Andrés Granier Melo, otro del PRI, gobernó Tabasco de 2007 a 2012, fue acusado por la Fiscalía de ese estado de desviar al menos mil 900 millones de pesos destinados a programas sociales, por lo que fue enviado a prisión, pero en mayo de 2019 se le concedió libertad absoluta tras cumplir 71 años de edad.
Un exgobernador priista que está preso, pero en Texas, Estados Unidos, es Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004. Fue detenido en Florencia, Italia, el 10 de abril de 2017 por ser señalado de lavar dinero para el Cártel del Golfo y los Zetas, pero las autoridades de México también lo buscan.
Por su parte, Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, permanece en prisión domiciliaria, luego de estar preso por narcotráfico en Estados Unidos, pero tras la amnistía, se le permitió regresar a su casa.
Jesús Reyna García, exgobernador interino de Michoacán fue detenido en 2014 por vínculos con el crimen organizado, pero salió libre en diciembre de 2018. Durante su estancia en prisión siempre se declaró inocente y enfrentó en tres ocasiones la desestimación y desecho de las pruebas que presentaba su defensa legal.
Flavino Ríos, exonerado
Flavino Ríos Alvarado gobernó Veracruz del 12 de octubre al 30 de noviembre de 2016, en sustitución de Duarte de Ochoa, y fue detenido presuntamente por ayudarlo a escapar, pero finalmente fue exonerado.
Por su parte, el exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, está preso en Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero, delito por el que enfrentaría hasta 20 años de prisión.
Otro exgobernador de Coahuila, también del PRI, que fue detenido en el extranjero es Humberto Moreira Valdés, quien finalmente salió de una prisión de España en 2016, mientras que en 2020 libró el juicio por lavado de dinero que se le imputaba por falta de pruebas.
Eugenio Hernández Flores, gobernó con el PRI a Tamaulipas de 2005 a 2010, y fue detenido el viernes 6 de octubre del 2017 en Ciudad Victoria, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que permanece preso; por ello, familiares del exmandatario incluso han solicitado a la Secretaría de Gobernación federal (Segob) revisar su caso.
Roberto Sandoval, prófugo
Hay un exgobernador priista que permanece prófugo y se trata de Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit, quien es buscado en 194 países por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones.
Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Armando Reynoso Femat está en prisión por peculado, defraudación fiscal y ejercicio indebido del servicio público, delitos por los que en 2019 se le imputó una pena de tres años de prisión e inhabilitación del servicio público por un año y medio.
Mientras que, Guillermo Padrés Elías, se entregó a las autoridades el 11 de noviembre de 2016 tras ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero luego de pagar una fianza millonaria salió en libertad, aunque su proceso continúa.
Respecto a Pablo Salazar Mendiguchía, quien gobernó Chiapas tras ganar la elección con el PAN y el PRD, fue detenido y procesado en 2011 acusado de presunto peculado, enriquecimiento ilícito y homicidio doloso, pero tras estar 17 meses en prisión obtuvo su libertad absolutoria tras enfrentar al menos una docena de procesos judiciales que ganó o libró mediante la vía del amparo.
Finalmente, Narciso Agúndez Montaño, del PRD y quien gobernó Baja California Sur de 2005 a 2011, estuvo preso por seis meses acusado de peculado, pero salió libre en diciembre de 2012 tras pagar una fianza de 31 mil 700 pesos. En diciembre de 2011, fue inhabilitado por seis años para ocupar cargos a nivel estatal tras un proceso administrativo abierto en su contra por el presunto desfalco al erario por más de 55 millones de pesos.
