Gobernadores salientes=más deuda // Más de 37 mil millones de aumento // Sangran a sus representados
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que se queja el presidente López Obrador de que algunos gobernadores (a punto de concluir sus respectivos mandatos) no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos y no tienen para pagar las nóminas (de las burocracias estatales), a pesar de que el gobierno federal les entregó puntualmente las participaciones que les corresponden, hasta por adelantado se les dio, de tal forma que a sus relevos (los vencedores en las elecciones de junio pasado) no les va a quedar nada o, en el mejor de los casos, van a recibir muy poco.
El problema, dice López Obrador, es que “arrastran problemas financieros, porque se endeudaron muchos estados. ¿Qué pasó? Yo he planteado aquí cómo, por influyentismo, en Hacienda se les decía a los gobernadores: ‘esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio –las llamadas Asociaciones Público-Privadas, APP– y vas a ir pagando año con año’. Y aceptaban, porque se lo pedían de Hacienda”.
Esa dependencia del Ejecutivo hacía gestiones a favor de empresas, y los gobiernos estatales aceptan las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón, de esos muy influyentes que había. Se construía el hospital, lo cobraban dos, tres veces más caro que su costo y los intereses por el financiamiento eran usureros. Entonces, un hospital que costaba 500 millones lo pagaban a un precio 10 veces mayor. Hacienda descontaba de las participaciones a ese estado lo que tenía que pagar a la empresa, entonces la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los estados cada vez se hacían menos.
Tardíos desafueros, ¿justicia pronta?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el pasado 21 de abril fue detenido en un hotel de la capitalina colonia Juárez el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, al ser denunciado por un menor de edad de tocamientos y agresiones sexuales cometidas en esas horas en dicho inmueble. El detenido fue llevado hasta la Fiscalía en Delitos Sexuales de la Ciudad de México, pero fue puesto en libertad al invocar el fuero legislativo.
Cuatro meses menos diez días después, la cámara de diputados apenas le retiró el fuero al presunto agresor sexual, a quien se le han acumulado señalamientos en contra, no solo por el caso de la colonia Juárez. En ese lapso, los mandos legislativos de San Lázaro dieron una vergonzosa muestra de lentitud e incluso pretensiones de encubrimiento.
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, poblano como Huerta Corona, llegó a considerar que no era procedente buscar el desafuero de su paisano, con una argumentación no solo deplorable sino complicitaria: no se buscaría el desafuero “porque (Huerta) no lo hizo en su función como diputado, lo hizo en su vida personal (…) Yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Esperanza minúscula. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero en contra del diputado Saúl Huerta Corona, acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en contra de un menor de edad y un adulto. Aunque Morena votó en congruencia, por la justicia y la verdad, la tardanza en el proceso y la protección entre legisladores es inocultable. ¿Servirá de algo que 113 días después de denunciarse el delito aprueben el desafuero? “Hoy demostramos congruencia”, presumieron los morenistas. Por lo pronto, no se sabe de su paradero. Ahora toca a las autoridades de la CDMX seguir con el proceso. Ahí comienza el problema.
2. Al pizarrón. Llegó la hora de entregar cuentas en Campeche y Carlos Miguel Aysa se apresta a maquillar los datos. La revisión del informe del gobernador inició con las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal. Uno a uno se presentarán para ser cuestionados por los diputados del Congreso local. El diputado Rashid Trejo precisó que estarán pendientes de cada detalle, sobre todo ahora que iniciará el proceso de entrega-recepción. “Hay rubros que no están muy bien definidos, que no han dicho en qué se ha gastado el recurso”, reveló. Tienen hasta el 15 de septiembre para dejar en orden los libros contables. O la historia se los reclamará.
3. Pizca de humanidad. María Dolores Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo Echeverría, joven quien supuestamente falleció por lesiones ocasionadas por policías municipales de Mérida, Yucatán, salió decepcionada de la reunión que sostuvo con el alcalde Renán Barrera. Expresó que, a pesar del ofrecimiento de la reparación del daño, nada le devolvería la vida de su hijo. “Me dijeron que querían reparar el daño, quiero pensar que lo que me iban a proponer era darme dinero y lo que menos me interesa es eso”. Barrera pretendía lograr un acuerdo en el que la madre del fallecido se desistiera de la solicitud de justicia, y al no lograrlo, hubo un desacuerdo, incluso entre el alcalde y el abogado de la señora. ¿Protege a sus policías a billetazos, alcalde? Mal hecho.
