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ONGs exigen liberar al activista Miguel López; bloqueo carretero se mantiene

ONGs exigen liberar al activista Miguel López; bloqueo carretero se mantiene

ONGs exigen liberar al activista Miguel López; bloqueo carretero se mantiene. Foto: EsImagen / Twitter

Luego de que el gobierno estatal confirmara la detención del activista y opositor al proyecto que realizaría descargas al río Metlapanapa, Miguel López Vega, organizaciones exigieron su liberación y pobladores mantienen bloqueada desde el viernes la carretera federal México-Puebla.

A través de un comunicado de prensa, y luego de que distintas organizaciones lo dieran a conocer, el pasado 24 de enero, poco antes de las 22:00 horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que por los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública y ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, se cumplió una orden de aprehensión contra el miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

Y es que se argumentó que el pasado 30 de octubre de 2019, López Vega presuntamente dirigió a un grupo de personas de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, con el fin de acudir a la carretera que conduce al aeropuerto Hermanos Serdán, misma que bloquearon para oponerse a los trabajos de los colectores pluvial y sanitario, impidiendo la continuación de las obras, negándose al diálogo, además de que causaron daños con piedras y una bomba molotov, incendiando en su totalidad una camioneta Nissan propiedad de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue).

Sin embargo, en el comunicado no se mencionó que, de acuerdo con organizaciones que exigen la liberación del activista, el pasado viernes López Vega fue detenido cerca de las 14:30 horas tras salir de la Dirección de Gobierno, en el centro de Puebla capital, tras encontrarse con Víctor Flores Baez, director general de Gobierno.

Lo detienen sin orden, acusan

Él y sus compañeros se detuvieron a comer, cuando habrían sido rodeados por un grupo de personas armadas, que iban en un vehículo negro de vidrios polarizados y otro de la FGE, y preguntaron por el opositor al proyecto del gobierno estatal, para luego mostrarle un papel que supuestamente era la orden de detención.

Según organizaciones y compañeros de López Vega, la reunión con Flores Baez se dio para informarle que el pasado 19 de enero se realizó una asamblea en la que se decidió destituir al presidente auxiliar de Santa María Zacatepec recuperando su sistema de usos y costumbres, así como para entregarle la notificación de la asamblea por escrito.

Tras la aprehensión, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, así como pobladores y familiares se trasladaron la tarde del viernes a la carretera federal México-Puebla, a la altura de Juan C. Bonilla, para bloquearla y exigir la liberación de su compañero. Hasta el cierre de esta edición, los quejosos se mantenían en el lugar.

Además, trascendió que la audiencia de López Vega se realizó en la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo, donde pobladores se presentaron para protestar, se le imputó los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública y ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por lo que ingresó el sábado por la noche al Cereso de San Miguel, en Puebla capital. Mientras que su siguiente audiencia será el jueves 30 de enero.

Bloquean desde el viernes la federal

Por su parte, el gobierno estatal, mediante otro comunicado de prensa enviado hasta casi las 23:00 horas, exhortó a los quejosos a “entablar el diálogo con las instancias correspondientes, a fin de lograr un acuerdo que permita liberar la vía de comunicación que está bloqueada”, aunque se les puntualizó que “cuentan con garantías para manifestar sus inconformidades, sin embargo, es inadmisible cualquier acto de violencia”.

No obstante, no se precisó si al lugar se presentaron representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) para entablar el diálogo.

Es necesario recordar que desde 2017, cuando se anunció el proyecto integral de alcantarillado sanitario y pluvial en el parque industrial Ciudad Textil, que tuvo una inversión de 40 millones de pesos con la administración de Antonio Gali Fayad, pobladores de Santa María Zacatepec se opusieron a la obra que comprendía 4 mil 100 metros de tubería de polietileno de alta densidad y la construcción de 20 pozos de visita.

Los afectados señalaron que con ese proyecto se busca realizar descargas residuales de las empresas al río Metlapanapa, para así evitar contaminar el Atoyac, ya que ha estado bajo observación y se la CNDH le ha realizado una serie de recomendaciones al gobierno estatal al respecto.

ONGs denuncia violaciones a DH

Al respecto, tanto Front Line Defenders, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh), y otras organizaciones han documentado una serie de violaciones a los derechos humanos de los quejosos, como en la protesta del pasado 30 de octubre, cuando acusaron que fueron reprimidos con tanquetas por parte del Ejército, con ayuda de la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes les arrojaron gases lacrimógenos, así como habrían disparado balas de goma.

Asimismo, los pobladores de Santa María Zacatepec han denunciado que el exdirector del Ceaspue, Alfredo Ávila Salazar, con quien se inició dicho proyecto, está relacionado con la empresa a cargo de la obra.

En diversas –desde septiembre— los habitantes han logrado detener el avance del proyecto, mismo que inició el pasado 22 de marzo de 2018, con la instalación de 4 mil 100 metros de tubería de polietileno de alta densidad y la construcción de 20 pozos de visita. Y es que por momentos paraban el trabajo de la maquinaria, pero días después regresaban, además de que había plantones para vigilar que no avanzaran más, motivo por lo que la obra se comenzó a retrasar.

Proyecto comenzó desde 2018 y aún sigue

Aunque para el finales del mes antes mencionado, el Ceaspues anunció que en beneficio de 30 mil habitantes y 27 empresas que generan 8 mil 169 empleos, se inició la instalación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario en el Parque Industrial Ciudad Textil, que consta de aproximadamente 4 kilómetros, incluyendo la construcción de 59 pozos sanitarios, así como la descarga pluvial del parque industrial antes referido hacia el río Metlapanapa y la incorporación de descarga sanitaria en la red de drenaje existente del municipio de Juan C. Bonilla, la cual tiene conexión a la red de San Pedro Cholula y que hasta enero del presente año llevaba un avance del 90 por ciento.

Actualmente, el conector de drenaje sanitario de dicho municipio soporta un volumen de 212 litros por segundo, el cual recibe una descarga actual de 107.01 (litros por segundo) y al cual se pretende incorporar un volumen 36.43 (litros por segundo) provenientes de Ciudad Textil.

Mientras que en octubre del año pasado, el colectivo Conapa denunció que en menos de 15 días, tres activistas de Santa María Zacatepec fueron amenazados de muerte por autoridades de Puebla y empresarios por oponerse al proyecto. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla inició dos expedientes de queja por las agresiones, a manos de elementos estatales y Guardia Nacional, y “ecocidio”, denunciados por pobladores.

También se debe recordar que a finales de noviembre de 2019, la radio comunitaria Santa María Zacatepec acusó hostigamiento y desprestigio por parte del edil de Juan C. Bonilla, Joel Lozano Alameda, quien los acusó de exigirle dinero para que modifiquen su línea editorial sobre el proyecto de descarga de aguas negras en el río Metlapanapa, por lo que Artículo 19 pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos contactar a los afectados para asesorarlos.

Finalmente, a principios de diciembre del año pasado, un grupo de eurodiputados hará un informe sobre los llamados proyectos de muerte en Puebla, como el drenaje industrial en el río Metlapanapa como parte del “ToxicTour”, donde manifestaron su rechazo a que empresas europeas causen daños al medio ambiente y tengan a su favor leyes que les den “preferencia” sobre los derechos de pueblos indígenas.

Sobre Carlos Balcázar Placeres

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