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A 25 años del asesinato de Colosio y la actividad politica de Elba Esther

Colosio, el origen de la conspiración

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que primero fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. Luego el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió a la especulación. Se dice –dijo el presidente– que cuando se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto por homicidio con premeditación y alevosía. La investigación no cesó hasta el año 2000, cuando el último fiscal del caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado mortalmente contra Colosio, concluyó.

González Pérez fue el último fiscal del caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un “crimen de Estado” ni tampoco hubo políticos involucrados. No participó el narcotráfico ni fue la “nomenclatura”, como el presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó Aburto”, le comentó Miguel Montes, el primer fiscal, al reportero.

La investigación de González Pérez incluyó la revisión de alrededor de cinco mil fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó ampliamente. Igual se revisó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia, que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato, sin encontrar anomalía alguna, salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento, con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez.

Una amplia mayoría de mexicanos, como el propio Salinas en agosto de 1994 reconoció en una charla en Los Pinos, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo. ¿Evidencia? Ninguna, respondió. Varios factores contribuyeron a la duda. Primero El Universal, que puso en su titular principal que Colosio había sido “víctima de un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de una priista en Tijuana.

Después, los mismos corresponsales reportaron que el Aburto de Lomas Taurinas, donde se dio el crimen, había sido cambiado, con el apoyo de dos fotografías de Aburto en la primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato, mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado. Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado dos veces Aburto.

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Va en serio el regreso de Elba Esther

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que poco a poquito la maestra Elba Esther Gordillo comienza a ocupar públicamente un lugar en las Redes Sociales Progresistas, que este fin de semana tuvo en la tierra de la profesora su primera asamblea estatal con miras a conformarse en un partido político nacional. Nos comentan que al concluir la asamblea, Gordillo asistió a una comida a las afueras de Tuxtla Gutiérrez para saludar a los jóvenes de esta organización, tomarse selfies y dejarse fotografiar. El regreso de la maestra a la política va en serio, nos comentan.

Un panista con dos cachuchas

En Puebla nadie sabe cómo referirse a Eduardo Aguilar Sierra, pues es el Consejero Jurídico en el gobierno del Estado pero al mismo tiempo, nos aseguran, es un activo abogado y asesor legal del presidente del PAN, Marko Cortés. Nos dicen que una prueba de su trabajo para el PAN quedó demostrada cuando don Eduardo participó en una audiencia que sostuvieron ambos personajes con los magistrados del Tribunal Federal Electoral Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez. Nos hacen ver que esta no es la primera vez que Aguilar Sierra asume dos o más responsabilidades al mismo tiempo, pues entre 2017 y 2018 actuó como representante del PAN ante el INE, coordinador de campaña en Puebla de Ricardo Anaya y, a la vez, abogado personal del ex candidato presidencial.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que a cuatro meses de iniciada la gestión de López Obrador y a dos de que Alejandro Gertz Manero tomara posesión en la Fiscalía General de la República, éste no ha dado audiencia al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Cuentan que el ombudsman busca entrevistarse con el fiscal para explicarle la importancia de pedir apoyo a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para analizar 114 restos óseos humanos que pueden ayudar en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero hasta ahora, nada.

QUE el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, ganó un juicio por daño moral interpuesto en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se le encarceló por presuntos desvíos en obras realizadas en Veracruz.

Ahora pide que se le resarza con 15 mil días de salario. Esperemos que se refiera al salario mínimo, porque si se trata de su sueldo como senador, el gobierno federal deberá desembolsar una fortuna, ya que ganan en promedio 3 mil 500 pesos diarios.

QUE la alianza de Morena con Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, sufrió otro golpe, luego de que Luis Enrique Cadena García, secretario estatal de Organización de ese partido, exigió a los diputados locales responder al organismo político y no al Grupo Universidad.

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