Cartas a Gracia
Te agradezco la invitación a departir -con tu amiga y tus amigos- la comida del sábado 22 en la que externaron sus impresiones con las nuevas encomiendas que asumieron el pasado 1 de diciembre, sin que tu abandones la docencia, cuestión que permitirá que continuemos con las charlas sobre algo que nos es común: la docencia en escuelas públicas de educación obligatoria. Por lo tanto, no podíamos dejar de lado y comentar las buenas impresiones que la iniciativa de reforma a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales causaron en el personal docente que conoces y con quienes compartes las dichas y los sinsabores de una profesión ingrata, en ocasiones.
Destacas que a ustedes les impresionó el rescate de algunos principios filosóficos de corte humanista, abandonados por la reforma promulgada el 26 de febrero de 2013 y por supuesto, la abrogación de la leyes secundarias (Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), largamente esperadas por el magisterio nacional, magisterio en lucha que se encontraba harto a causa de la política denigratoria a la que les sometieron los seis años que venturosamente concluyeron el pasado 30 de noviembre, con el agravante de la persecución a la que les sometieron por negarse a presentar una evaluación de permanencia en el servicio violatoria de sus derechos laborales y humanos. Me comentas que la persecución se extendió a las y los docentes que pretendían ejercer algún derecho laboral que exigía -al margen de la normatividad- la revisión del expediente laboral para constatar evidencias de haber presentado la mentada evaluación.
La plática de sobremesa -que se alargó hasta las 9:30 p.m.- no podía dejar de lado temas como el de las penurias que sufren, quienes por alguna razón vinculada a la carencia de recursos en las entidades o a los despidos de quienes sujetos a un régimen de honorarios con una antigüedad laboral de consideración -en algunos casos superior a los 20 años- fueron literalmente echados a las calles, cuestión que les orillo a manifestarse, tomar y bloquear carreteras, vías férreas y oficinas, y tal cual como si fuera un anuncio de los antiquísimos sombreros Tardan, se visibilizan desde Baja California hasta Michoacán, pasando por Nayarit y llegando hasta Tabasco y otras siete entidades más. Cierto, maestras y maestros al servicio del Estado, de universidades públicas y despedidos analizan además, recurrir a acciones legales en contra de las autoridades locales y federales al tiempo que solicitan se inviertan los recursos suficientes para atender las necesidades de los trabajadores o que les recontraten así como reconozcan su antigüedad laboral -o al menos- las nuevas autoridades locales, federales y municipales paguen sus liquidaciones conforme a derecho.
Sin embargo, como bien haces notar, mientras que en algunas entidades las y los trabajadores de la educación -incluidos los de universidades públicas- no se enganchan en el garlito de a quién le corresponden las responsabilidades por la falta de los pagos (salarios, bonos, prestaciones), pero otros fundamentalmente en Michoacán externan
la falta de claridad “en referencia a la federalización de la nómina magisterial”, proceso iniciado por no Aureoles mediante la entrega de los servicios educativos transferidos en 1992 y que si en principio son vistos con simpatía por algunas autoridades educativas locales y federales, podría entrar en una fase litigiosa pues compinches de Otto pretendieron salirse por peteneras y no entrarle al meollo del asunto, consistente en el análisis del incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (18 de mayo 1992) y en los anexos técnicos que lo operativizaban.
El quid de la cuestión Gracia, radica -como ya lo platicamos con anterioridad- en el incumplimiento de las obligaciones pactadas en los párrafos 2 y 3 de la página 8 del Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de mayo de 1992 y que a la letra reza como sigue: “El Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y cumplir con los compromisos que adquiere en este Acuerdo Nacional”. El gobierno federal incumplió también en el ejercicio de “la función compensatoria” que le obliga a destinar “recursos relativamente mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias más acusadas”; no obstante, en lo que sí cumplió y con creces, fue haciendo manita de puerco a por lo menos 18 entidades de la República con el incremento del gasto educativo local, cuya proporción pasó, para la entidad de referencia, del hacerse cargo del 10 por ciento del alumnado en 1992 al 37 por ciento en 2018, sin un incremento extraordinario de los recursos con los que contaran las administraciones locales emanadas de Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
La solución a las caóticas finanzas de los gobiernos en la mayoría de las entidades de la República, incluidas Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Baja California y Veracruz entre otras, requieren de nuevas reglas del juego que obliguen a la federación al cumplimiento de lo pactado y a la modificación del Acuerdo de Coordinación Fiscal que fortalezca las finanzas locales. Se requiere también del cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, y que el Estado destine cantidades equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que les permitan cumplir con sus obligaciones mediante un ejercicio racional, eficiente, eficaz, honesto transparente y fiscalizado -con severidad- del presupuesto asignado y terminar, de una vez por todas, con las situaciones de penuria que año con año padecen miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de todos los niveles y dejen de pasar las de Caín cada fin de año.
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