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Tiene Puebla cinco recomendaciones sin cumplir: informe de CNDH

Tiene Puebla cinco recomendaciones sin cumplir: informe de CNDH

Tiene Puebla cinco recomendaciones sin cumplir: informe de CNDH. Foto: Especial

En Puebla, la CNDH ha girado seis recomendaciones que involucran a más de cinco autoridades (gobernadores y ediles) de las que sólo la de Chalchihuapan –por violaciones graves– ha sido cumplida totalmente, pues quedan pendientes otras cinco.

Este domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó el Informe de seguimiento de recomendaciones, con corte al 3 de enero de este año, en el que aclara que una recomendación puede ser emitida a una o varias autoridades.

Del 1 de enero de 1990 a la fecha señalada, se han emitido 2 mil 688 recomendaciones dirigidas a 3 mil 348 autoridades, de las que 11 son por violaciones graves, de las que, a su vez, sólo una ha sido cerrada y es la del expediente 2017/2VG, referente al caso de la represión en la junta auxiliar San Bernardino Chalchihuapan en Puebla.

Para la CNDH, el gobierno del estado tiene cuatro recomendaciones que están en trámite y son la 2016/54, girada entonces al gobernador Rafael Moreno Valle, a quien la CNDH pidió garantizar los derechos a la salud y vivienda luego de la muerte de un bebé por negligencia de seis médicos (uno particular y cinco del Hospital General de Cuetzalan).

La 2016/58 fue girada a Moreno Valle y al aún gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meses, pues una mujer indígena y su bebé fueron víctimas de la negligencia médica y la falta de recursos en hospitales de ambos estados, lo cual desencadenó en la muerte de la menor.

Daños al Atoyac

El 21 de marzo de 2017, la CNDH emitió la recomendación 2017/10 que involucró al gobierno de Puebla, encabezado ya por Antonio Gali Fayad, así como a los ediles de San Martín Texmelucan, José Rafael Núñez Ramírez, y de Huejotzingo, Carlos Alberto Moralez Álvarez.

También a Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Marco Antonio Mena Rodríguez, mandatario de Tlaxcala; Carlos Fernández Nievez, edil de Tepetitla de Lardizábal, etcétera.

A todos, se les señaló de ser “omisos” ante la contaminación por aguas residuales del río Atoyac, con lo que se viola los derechos humanos de los habitantes, pero ninguno ha cumplido.

Luego, la CNDH acreditó, con el folio 2017/78, omisión en la actuación de las autoridades por no intervenir en el linchamiento de dos hermanos que laboraban como encuestadores, pero fueron asesinados a manos de la turba enardecida, por lo que se dirigió a Gali Fayad y a los integrantes del ayuntamiento de Ajalpan para reparar los daños.

A Ricardo Gualterio Aco Farfán, alcalde de Tetela de Ocampo, en el documento 2016/17 el organismo nacional le pidió reparar el daño a un particular por invadir su terreno con el paso de automóviles, pues fue una de las recomendaciones que el organismo local remitió en 2007 al ayuntamiento anterior, pero no solventó.

Oaxaca tiene la mayor cantidad

La autoridad con mayor número de recomendaciones en trámite es la Comisión Nacional de Seguridad, con 59; seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 49, y la Procuraduría General de la República (PGR), con 33.

Por otra parte, las entidades federativas cuyas autoridades han recibido más recomendaciones son Oaxaca, 238; Guerrero, 216; Chiapas, 199; Veracruz, 188, y Chihuahua, 150.

La más antigua en trámite data del año 2001 (26/2001), dirigida a la Presidencia de la República, señalo el organismo dirigido por Luis Raúl González Pérez.

La CNDH resaltó que las autoridades aceptan las recomendaciones, pero tardan mucho en cumplirlas, razón por la cual hizo un enérgico exhorto para que den pronto y real cumplimiento a los mismos, a efecto de permitir que las víctimas reciban la reparación y restitución a la que tienen derecho, así como el que la verdad y la justicia llegue a todos los casos.

“El incumplimiento de las recomendaciones lleva implícita la revictimización de quien vio vulnerado sus derechos fundamentales”.

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