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CNDH oficializa conclusión del caso Chalchihuapan; gobierno cumplió, señala

CNDH oficializa conclusión del caso Chalchihuapan

CNDH oficializa conclusión del caso Chalchihuapan. Foto: Especial

A 42 meses del desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan por fuerzas estatales, donde hirieron mortalmente a un niño de 12 años, la CNDH señaló que el gobierno poblano dio “cumplimiento total” a los 11 puntos de la recomendación que le hizo.

Así lo señala la base de datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), disponible en su página de internet, donde se informa que la recomendación 2014/2VG, emitida desde el 11 de octubre de 2014, tiene el estatus de “concluida” tras la “sexta visitaduría general”.

El pasado 9 de julio de 2017, día en que se cumplieron tres años del desalojo, este medio reportó que la CNDH no tenía pruebas de que la administración estatal hubiera cumplido cinco de los puntos de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos.

Cabe recordar que, entre los casos más notorios de agravio a los derechos humanos, se difundió el de Alberto Tlehuatle Tamayo, joven estudiante de secundaria, quien perdió la vida por un impacto en la cabeza 10 días después del enfrentamiento en dicha junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan.

No hay quejas de víctimas por indemnizaciones

Entre los pendientes, destacaba el punto tercero, que urgía al gobierno la reparación del daño a todas las víctimas, en vista de que Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, no había aceptado la indemnización tasada.

En esta ocasión, se afirma que, tras las diligencias para entregar cheques “a cada una” de las víctimas, “ninguna de las personas que recibieron la correspondiente indemnización ha formulado inconformidad alguna”.

Sobre este punto, Tamayo Montes acusó que fue presionada para aceptar una compensación pecuniaria, la cual, según Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno, ascendía a un millón 700 mil pesos.

Se aseguró solución pacífica de conflictos

Por otra parte, estaban incumplidos los puntos cuatro y cinco, referentes a implementar mecanismos para la atención de las protestas sociales que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, así como la designación un responsable para la solución pacífica de conflictos.

De acuerdo con la CNDH, el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, publicado el 14 de octubre de 2014, y el “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas el dialogo y el respeto a los derechos humanos” cumplen dichos requerimientos.

Se compró equipo y sancionó a funcionarios

Los puntos siete y nueve pedían, respectivamente, proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación para registrar su conducta durante los operativos y la presentación de quejas ante el Órgano Interno de Control de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.

Respecto al equipo de video y audio, acredita la adquisición de 156 cámaras portátiles HDR-AS100 VR, 80 baterías NP-FV50, 156 soportes con banda de sujeción para videocámara, 80 cámaras HDR-CX330, 236 memorias SR-32UYA, y 156 baterías para cámara NP-BX1”.

Confirmó que “la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla inició el expediente de responsabilidad administrativa correspondiente” contra seis servidores públicos, ninguno de los cuales impugnó las sanciones que les impusieron.

Finalmente, sobre el punto 11, que requería un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de seguridad pública y procuración de justicia, reportó la impartición de los cursos “Derechos humanos y uso legítimo de la fuerza policial” y “Derechos humanos en el orden jurídico”.

Sobre Luis Alberto Palacios @amanic86

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