A 3 años del desalojo policiaco contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, donde quedó herido de muerte un menor de 12 años, el gobierno de Puebla no ha cumplido totalmente con los 11 puntos de la recomendación 2VG/2014 que hizo la CNDH.
Lo anterior de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disponible en su página oficial de internet, donde se detalla que el estatus por autoridad –refiriéndose a la administración estatal– es concluida, mientras que en el nivel de cumplimiento aparece como aceptada, con pruebas de cumplimiento total.
No obstante, en el portal electrónico del organismo nacional aparece el estatus “en trámite”. Las recomendaciones estuvieron a cargo de la Sexta Visitaduría General, por determinar violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores de dicha junta auxiliar perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, donde José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, de 12 años de edad, perdió la vida 10 días después en el hospital por un impacto que recibió en la cabeza durante la protesta del 9 de julio del 2014.
De acuerdo con el documento, el punto tres que contempla la reparación del daño a todas las víctimas, aparece que la madre del menor, es decir Elia Tamayo Montes, continúa sin aceptar la entrega del cheque por la cantidad que contempla la compensación que fue tasada por los daños que le fueran ocasionados.
Sobre este tema, el secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, en noviembre pasado, indicó que la afectada ya había recibido el dinero que ascendió a un millón 700 mil pesos, el cual fue con base a criterios internacionales, por lo que en enero pasado durante su comparecencia afirmó que estaban cumplidos los 11 puntos; sin embargo, Tamayo Montes denunció que fue presionada para que lo aceptara.
Cinco puntos sin estatus de cumplimiento
Asimismo, en el estatus de cumplimiento de los puntos cuatro y cinco referentes a implementar mecanismos efectivos para la atención de las protestas sociales que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, así como se designe a un responsable para la solución pacifica de tales conflictos, aparece sin pruebas de ello.
Mientras que en los siete y nueve que hablan de proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y sobre la presentación de quejas ante el Órgano Interno de Control de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, aparecen también sin pruebas de cumplimiento.
A estos puntos se suma el 11 sobre que se imparta un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de las instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, el cual también no tiene pruebas de cumplimiento.
Disculpa no fue aceptada
En tanto, los puntos uno y dos que se refieren a iniciar los procedimientos de responsabilidad en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, y personal de la misma; y la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos sí tienen pruebas que acrediten el cumplimiento.
En el caso del numeral seis, que habla de la disculpa pública, que fue otorgada por el fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, José Flota Ocampo, en marzo del año pasado, acredita su cumplimiento, sin embargo, la misma fue rechazada por la madre del menor.
Mientras que los puntos ocho y 10 que sobre designar a un funcionario para dar seguimiento a los trámites de la queja ante la Órgano Interno de Control de la Secretaría de SSP y designar a otro para darle continuidad a la denuncia de ante la entonces PGE en contra de los servidores públicos involucrados, también tiene el estatus de cumplimiento de pruebas.
CNDH dice que se cumplió: Bautista
Sobre dicho tema, Araceli Bautista Gutiérrez, representante social del caso Chalchihuapan, comentó que el viernes pasado sostuvo una reunión con el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien le informó que se dio cumplimiento a la recomendación en diciembre del año pasado.
En entrevista, reprobó tales comentarios, por lo que le cuestionó al ombudsman el por qué no se publicó el resolutivo del informe final de la recomendación, a lo que –dijo– le respondió que ya se tenían todos los elementos para hacerlo aunque no se haya publicado.
“¿Acaso tenían que hacerlo en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, eso es lo triste, lo vergonzoso y que da mucho coraje, nosotros fuimos en febrero pasado y nos había dicho que no tenía los documentos y ahora resulta que ya se cumplieron, entonces cuál es la realidad”, cuestionó.
Por su parte, Elia Tamayo Montes, madre del menor José Luis Tlehuatle Tamayo, aseveró que a 3 años de los hechos, en Puebla no ha habido justicia y con el informe que presentó la CNDH consideró que “está a favor del gobierno” y no de los ciudadanos.
“Como no son hijos de los funcionarios nos hacen esperar, yo le pido al gobierno del estado ya basta de muertes, ellos qué corazón tienen que no sienten el dolor de los ciudadanos, ellos necesitan respeto y nosotros también llevamos 3 años y seguimos esperando justicia”, concluyó.
