Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la SGG de Puebla, señaló que con la indemnización que se dio a Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado en el operativo de Chalchihuapan, se dio cumplimiento a las 11 recomendaciones de la CNDH.
En entrevista, evitó hacer señalamientos sobre las supuestas presiones contra Tamayo Montes para recibir el resarcimiento.
“No tengo ningún comentario que hacer. Somos un gobierno apegado a la ley. No hubo presiones”, aseguró.
Asimismo, indicó que la suma de 1 millón 700 mil pesos que se dieron a Tamayo Montes fueron con base a criterios internacionales, además que con su entrega se dio cumplimiento a las 11 recomendaciones que fijó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Se están cumpliendo las recomendaciones de la CNDH. Una de éstas es que se cubriera una cuota, no de indemnización, con criterios internacionales que la fijó la CNDH”, acotó.
No obstante, en una carta enviada en octubre por Tamayo Montes al organismo nacional refiere que “se desconoce cuál y como ha sido el cumplimiento a cada punto de la recomendación 2VG/2014 que por violaciones graves a los derechos humanos” que hizo el gobierno de estado de Puebla, durante el desalojo de una vialidad federal contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Asimismo, destacó que en el caso de Facundo Rosas Rosas, el ex-titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se enteraron a través de medios de comunicación de que fue sancionado, sin embargo desconoce su situación jurídica.
