Tras cuatro años en el Cereso de Teziutlán, el 17 de abril fueron absueltos Genaro Benancio y Julián Mora, acusados de violación tumultuaria y robo, sin embargo, a ninguno se les acreditó y exigen una reparación del daño, así como una disculpa pública.
A pesar de ser absueltos mediante sentencia de segunda instancia, con el expediente “TOCA 177/2014” de la Segunda Sala en materia penal, la cual ordenó su “inmediata libertad”, esta se ejecutó hasta cinco días después, es decir, hasta el 22 de abril.
A esto se suman las violaciones a sus derechos humanos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y al menos 14 irregularidades durante el proceso judicial, denunció Rubén Flores, abogado de los ahora agraviados.
Los cinco días que se demoró su liberación –dijo- fue por culpa del secretario de la sala, Miguel Ángel Hernández Corona, pues fue este quien demoró la notificación de la absolución.
En rueda de prensa, acusó que tanto el Ministerio Público que ordenó la prisión preventiva, como el personal de la fiscalía General del Estado (FGE) que realizó las indagatorias, así como el juez del Tribunal Superior de Puebla que dictó la sentencia cometieron “graves” errores y omisiones al momento de realizar su trabajo, con lo cual violentaron los derechos de la parte demandada.
“La declaración de la victima fue falsa”
El litigante detalló que en la sentencia de absolución “se evidencia la negligencia y falta de capacidad” tanto de peritos, ministerio público y Juez penal que dictó la sentencia condenatoria, ya que de un análisis exhaustivo salieron a relucir “un sinfín de irregularidades” cometidas dentro del proceso de origen, 79/2012 del Juzgado Penal de Teziutlán.
Esto porque aseguró que el oficio señala que “no se acreditó el cuerpo del delito”, no porque las pruebas fueran insuficientes, sino porque –afirmó- la declaración de la supuesta víctima (Mario Ramos Galindo) fue falsa, pero aun así el Juez Penal de Teziutlan, dictó la sentencia condenatoria.
Fueron los Magistrados de Segunda Instancia quienes declararon la inocencia de los imputados, después de nueve meses de análisis del asunto, ya que la audiencia de vista en el Tribnal de Alzada fue el 15 de julio del 2016, retardo que –acusó- también causó un perjuicio en contra de los finalmente absueltos.
Por lo anterior, el abogado advirtió que se procederá legalmente contra la parte que demandó a sus clientes, además de exigir una reparación del daño y la disculpa pública por parte de las autoridades municipales de Teziutlán y estatal, es decir la FGE y el Tribunal Superior de Justicia.
