La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Baja California medidas cautelares de protección y atención médica para los periodistas lesionados, durante un desalojo policiaco en la planta de Pemex de El Rosarito.
Las medidas son para Laura Sánchez Ley, corresponsal de El Universal, su esposo Luis Alonso Pérez, y otros reporteros golpeados por elementos de la Gendarmería cuando cubrían los disturbios en la planta de Pemex en Playas Rosarito, Baja California.
El organismo que encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, determinó iniciar una queja de oficio e informó que el sábado 7 de enero inició una queja de oficio y también solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para pedir a los elementos de la Gendarmería y Policía Federal abstenerse de agredir a los comunicadores durante los operativos que desplieguen.
El comunicado advierte que se deberá garantizar que “quienes cubren las movilizaciones por el incremento en el precio de los combustibles como parte de su labor periodística, puedan hacerlo sin ser agredidos u obstaculizados por servidores públicos de dichas corporaciones”.
También se pidió garantizar el trabajo de quienes cubren las movilizaciones por el aumento en el precio de los combustibles, como parte de su labor periodística, y que puedan hacerlo sin ser agredidos u obstaculizados por servidores públicos y agregó que personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos ofreció el acompañamiento del personal de la oficina foránea de la CNDH en la ciudad de Tijuana, a fin de presentar la denuncia correspondiente.
Fuente: El Diario de Coauhila/EmeEquis
