“Es cosa de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos, y los políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en beneficio de la humanidad.” Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía.
Esta expresión política –acuñada y puesta en boga por el señor López Obrador- parecería estarse dibujando y adquiriendo corporeidad ante los atónitos ojos de los poblanos, que nos negamos a aceptar la presencia de sentimientos negativos, oscuros, perversos en el trato entre seres humanos; y, mucho menos, que provengan de aquellos que dicen ser servidores públicos. Quizá por estar ya de facto en tiempos electorales, ha tomado vuelo mediático la denuncia presentada, el pasado 24 de agosto, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por Rodolfo Raúl González Vázquez –exagente del Cisen- y Anwar Salomón Briseño –empresario-, quienes acusan y señalan directamente a Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera (diputado federal panista) y Roberto Rodríguez Acosta, como presuntos autores de la comisión de diversos delitos relacionados con el espionaje y otras acciones más que, de poseer un mínimo de certeza y veracidad, admitirían el calificativo de monstruosas.
Jugarán papel relevante, como circunstancias que pesen sobre el futuro y credibilidad de los hechos denunciados: las aspiraciones presidenciales del primero; la coadyuvancia de Fernando Manzanilla y el senador Barbosa –adversarios políticos de aquél- a los denunciantes; el cúmulo de evidencias que puedan mostrarse para soportar, y hacer creíbles, los hechos de la denuncia; y, por encima de todo, que la PGR acepte dar crédito a tales evidencias como prueba legal de delito. Es decir, los denunciantes toparán en el trámite de su denuncia con un problema de voluntad política, de primera mano, en la instancia ministerial federal. La clandestinidad en la que se desarrollan este tipo de actividades sucias de la política, constituye la base para el conocido discurso oficial de negación simple de los hechos con que se suele dar respuesta a esta clase de acusaciones, dando pie a la trillada bravata: ¡que lo prueben!
Siempre existieron sospechas, conjeturas, suposiciones y creencias acerca del estilo de gobernar impuesto por Rafael Moreno Valle –seguido a ciegas por los integrantes de su equipo político, dio lugar al grupo o corriente política del morenovallismo- quien, al tiempo que puso a caminar la construcción de diversas obras de infraestructura en la capital y algunos puntos del interior del estado, desataba una ola de represión hacia los críticos de sus decisiones políticas; mantenía en opacidad el manejo de las finanzas públicas; se deshizo de una cantidad abrumadora de trabajadores al servicio del estado; degradó las instituciones de procuración y administración de justicia y colocó a incondicionales al frente de ellas. Parecían acciones de gobierno contradictorias entre sí. Sin embargo, todas tenían un hilo conductor: el desprecio de la legalidad imparcial como mecanismo de gobernabilidad, aderezado con el desempolve y puesta en práctica de la consigna política como método de su interpretación y aplicación.
Gobernar a despecho de la legalidad del país implicó, necesariamente, sustituirla por el despotismo y la arbitrariedad a los que dio cauce creando “su propia” legalidad. La incondicionalidad de los diputados –con honrosas excepciones- y un propio al frente, lo hicieron posible. El diseño “legal” de una estructura estatal con organismos dotados de autonomía de gestión donde otros incondicionales designados perdurarán en sus cargos más allá de los límites del sexenio, puso de manifiesto afanes dictatoriales: controlar futuros gobiernos, aun los no emanados de su partido (por ahí está guardadita la Ley sobre gobiernos de coalición); y dejar instalados guardaespaldas políticos multifuncionales dependiendo de las circunstancias: desde detener acusaciones incómodas hasta crear inestabilidad a los nuevos gobiernos. Es, el manejo turbio de la institucionalidad para dar rumbo a una carrera política y a un modo de gobernar.
Dicen que donde menos esperas, salta la liebre. Ahora, en voz de González Vázquez, escuchamos (https://www.youtube.com/watch?v=NCX1HaNBqps) no solo acusaciones sobre el espionaje presuntamente realizado por órdenes de Moreno Valle, alambreando a medio mundo, sino también acerca de la existencia de “grupos que manejan ellos mismos, externos, para este tipo de trabajos”, “grupos de afuera, de la Ciudad de México”, “grupos contratados por Eukid Castañón” cuya tarea sería –según el dicho del ex agente- la eliminación física de los adversarios políticos. La acusación y el señalamiento directo son gravísimos. Hasta este momento se trata de una denuncia cuyo soporte inicial está en el testimonio que da el empresario Salomón Briseño, de haber sido tiroteado su domicilio fiscal y encontrar, en los escrúpulos de González Vázquez, resguardo para su integridad física luego de enterarse que, éste, habría sido comisionado para “levantarlo”; sacarle qué información poseía sobre el espionaje gubernamental, y luego “chingárselo”.
Jurídicamente la denuncia, por sí sola, es insuficiente para demostrar los hechos expuestos. Sin embargo, esa trama donde parece que todos espían a todos como mecanismo de control político; el pago de grandes sumas de dinero para obtener información, política o confidencial, relevante en la disputa del poder; los “mensajes sicilianos”; y la presunta existencia de grupos de sicarios, controlados por el poder, encargados del abatimiento físico de los opositores; por lo menos da cuenta de una narración lógica y coherente que describe la forma en la que actuaría una mafia del poder. ¿Esto, está pasando en Puebla? González Vázquez, al término de una entrevista, parafrasea un lema de campaña de Moreno Valle: lo mejor está por venir. ¿Aún hay más?
Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de septiembre de 2017.
José Samul Porras Rugerio
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