Roberto Rodríguez Acosta y la fuga de información del centro de espionaje
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ¿Quién es Roberto Rodríguez Acosta, el personaje que fue grabado por el ex agente del Cisen Rodolfo Raúl González Vázquez, y que en los audios que este miércoles fueron difundidos en distintos medios (como los noticiarios de Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui) implicó al diputado federal Eukid Castañón Herrera, y al ex gobernador Rafael Moreno Valle como los patrocinadores de un centro de espionaje que se encargó de intervenir comunicaciones privadas de decenas de políticos locales y nacionales?
Lo primero que habría que decir es que se trata de un ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que en Puebla se convirtió en el brazo derecho del extinto Joaquín Arenal Romero, quien era la cabeza de un clandestino centro de espionaje al cual se le asignó, a partir de 2013, la tarea de intervenir teléfonos, computadoras, mensajes y el correo personal de decenas de políticos, funcionarios, activistas, periodistas y dirigentes empresariales y sindicales, con el inequívoco propósito de espiarlos.
Roberto Rodríguez es quien tras la enfermedad de Joaquín Arenal y su posterior fallecimiento, el pasado domingo 4 de junio en la Ciudad de México, asumió la dirección operativa del centro de espionaje, y quien heredó la maleta que contiene lo más selecto y explosivo de las investigaciones de campo, audios y transcripciones de llamadas telefónicas obtenidas ilegalmente de 2013 a 2016, y que su ex jefe guardaba con tanto celo por representar una especie de salvoconducto que le garantizaba inmunidad frente posibles denuncias, cargos, venganzas, penas, represalias o procesos judiciales en contra suya.
Y es también el responsable de la fuga de información de este centro de espionaje, por diferencias internas con otros miembros del equipo como José Antonio Celorio Mansi —responsable directo de la infección de equipos de cómputo y teléfonos celulares de los personajes objetivo a través del Sistema de Control Remoto Galileo adquirido a la empresa Hacking Team—, Gilberto Sebastián Bravo Romano y Gerardo Ballesteros.
Son estos conflictos al interior del grupo, la causa de la fuga y robo de información que, como ya lo he mencionado en anteriores columnas, se vendió o entregó en USBs a políticos del PRI, Morena y hasta del propio PAN, enemistados o distanciados del ex gobernador Rafael Moreno Valle y el diputado federal Eukid Castañón.
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La crítica absurda a “La Célula”
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que la diputada Socorro Quezada ha sido reconocida por su periódica y dura crítica al sistema, y por haberse opuesto de manera valiente a partir de 2015 a los excesos del morenovallismo.
Aunque para llegar al bando crítico, primero vivió su etapa institucional cuando en su primer año como legisladora, justificó la represión en Chalchihuapan, calificando de irresponsable a una madre que llevaba a su hijo a una manifestación.
Posteriormente, su ruptura con el entonces Señor de Los Cerros la llevó por el camino crítico, cuestionando todas las leyes que enviaba el exgobernador, destacando como una verdadera diputada de oposición.
Sin embargo, hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto, como el hecho de que en la sesión de ayer, haya subido en tres ocasiones a la tribuna para oponerse a la enajenación de “La Célula”, donde van a crearse cinco mil empleos directos con una inversión muy inferior a la que en su momento se derrochó para la construcción de la planta armadora de AUDI.
Pero además, la legisladora dijo que a manera de protesta, no iba a pasar lista de asistencia para no ser cómplice de este acto, por el cual se enajenaron 600 hectáreas en favor de la Sedena para la instalación de la llamada Industria Militar; ahí es donde la diputada se volvió a equivocar, toda vez que el reglamento del Congreso del Estado establece que para hacer uso de la tribuna, se necesita pasar lista de asistencia como requisito indispensable. Es decir, que doña Socorro incurrió en lo que ella tanto ha criticado, violando el marco legal del Poder Legislativo.
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RMV busca impunidad en el tema del espionaje apoyando a Raúl Cervantes para que se convierta en fiscal de la República
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Javier Lozano Alarcón regresó a su curul del Senado por órdenes de Rafael Moreno Valle a cumplir un doble propósito: operar a favor del pase automático de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR a fiscal general de la República, y con esa maniobra, en caso de que se concrete, el ex gobernador de Puebla buscaría obtener impunidad frente a las denuncias que enfrenta por espionaje, tentativas de homicidio y posible malversación de fondos públicos.
Como parte de ese propósito, Lozano Alarcón ya regresó al Senado y ya dio el primer paso, que fue provocar que se quebrará la fracción del PAN, ya que encabeza a un grupo de legisladores albiazules que ha tomado una importante distancia del presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien se opone a que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) quede en manos de Raúl Cervantes, un incondicional del presidente Enrique Peña Nieto.
Pareciera que el fin de semana Moreno Valle ya sabía de la tormenta que se aproximaba en su contra por el tema del espionaje, y se adelantó a los hechos, por lo que ordenó a Javier Lozano a dejar el gobierno de Puebla –en donde era un mil usos, ya que lo mismo era vocero del Poder Ejecutivo, conductor en la televisión oficial, bufón y espía– y se reincorporara al Senado para ponerse bajo las órdenes del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto y del proyecto de que Raúl Cervantes se quede instalado en el siguiente sexenio, en la FGR, para cuidar las espaldas de los actuales gobernantes del país.
El fin de semana, cuando se supo de la salida de Lozano del gobierno de Puebla se especuló mucho que lo habían echado por un conflicto personal con el alcalde de la capital, Luis Banck Serrato, o porque lo habían descubierto filtrando información de la relación del capo huachicolero Othón N, alias El Cachetes, con varios morenovallistas.
El panista Lozano, siempre haciendo gala de su egolatría, habría definido: “Me voy a arreglar las cosas al Senado”. Al final, es justo reconocerlo, decía la verdad.
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Nombran a corrupto para que sancione el peculado
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que vaya desfachatez del Congreso de Puebla con Alfonso Siriako Guillén Almaguer, quien fue nombrado ayer magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, organismo que forma parte del Consejo Estatal Anticorrupción.
Le otorgaron un nombramiento por 15 años, los cuales -si se aplicara la Ley- los pasaría sin lugar a dudas en la cárcel por corrupto.
El PRI validó lo propuesto por la bancada morenovallista.
Este personaje, coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura en colusión con el liquidador de la obra del Centro Expositor, Eduardo Liceaga, formalizaron un convenio para chingarse 107 millones de pesos. Fijaron un calendario de pagos mensuales hasta el 2018, pero le cayeron en la transota.
Le levantaron actas administrativas y las evidencias, documentos oficiales, lo condenan. En lugar de proceder legalmente para meterlo a la cárcel, lo premia este Congreso de Puebla con el nombramiento de magistrado que sancionará la corrupción.
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La fractura del núcleo morenovallista
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el tema de la red de espionaje que operó en el sexenio de Rafael Moreno Valle puede ser el tiro de gracia a la unidad del grupo compacto que formó el ex gobernador durante su administración.
La publicación de los nombres de quienes fueron intervenidos en sus comunicaciones personales –los que se han conocido hasta el momento porque faltan muchos más- y lo que seguramente vendrá: la publicación de conversaciones comprometedoras que involucran directa e indirectamente al círculo más íntimo de Rafael, es un auténtico misil que puede destrozar el núcleo de la burbuja morenovallista.
Si bien la defensa pública fue obligada y pertinente en términos de control de daños, lo cierto es que en el ánimo de muchos de los aludidos caló muy hondo que hayan sido colgados, no ellos -algo que ya sabían-, sino sus familiares más cercanos.
Esa es la transgresión máxima.
“Conmigo lo que quieran, pero con mi familia no”- expresaron en su momento quienes ocupan hoy cargos de altísimo poder e influencia en la política y el servicio público poblano.
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