Espían a los críticos
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que un amplio reportaje en The New York Times este lunes da cuenta del espionaje político en México. “Los más prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido objetivo de un spyware sofisticado que se vendió al gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para investigar criminales y terroristas”, comienza el texto. “Los objetivos incluyen abogados involucrados con la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un estadounidense que representa víctimas de abuso sexual por parte de la policía”.
El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el presidente Enrique Peña Nieto, que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de no obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.
En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el CISEN –el reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware– realizaba espionaje político. En la segunda de tres entregas sobre “¿Para qué sirve el CISEN?”, se mencionó directamente dos listas de teléfonos que habían sido infectadas por el programa. “No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones”, se apuntó en ese entonces.
“De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.
“La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permita construir sus relaciones”.
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Espionaje ilegal también es corrupción
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que mientras en el país ocurren un promedio de cuatro secuestros por día, nuestras autoridades están espiando a mi querido colaborador de La Hora de Opinar, Juan Pardinas, y su esposa. Increíble. El gobierno está gastando recursos para enterarse de la vida privada e íntima de un ciudadano comprometido con el combate contra la corrupción. Fontaneros políticos que se vomitan en la democracia liberal pensando que el Estado tiene el derecho de obtener información de manera ilegal para luego chantajear y proteger, así, a sus colegas ¿corruptos?
De acuerdo con el artículo publicado ayer en el New York Times, firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth, “no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable” de este espionaje. Pero sólo el gobierno —en particular la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen— tiene los recursos financieros y humanos para adquirir y operar el llamado software Pegasus que permite hackear teléfonos celulares, extraer toda la información que se encuentra en ellos y convertirlos, incluso, en micrófonos para espiar en tiempo real.
Mientras el crimen organizado ejecuta a 28 personas en promedio por día en México, las autoridades están ocupadas espiando a mi estimado colega Carlos Loret. No les satisface ver lo que piensa el periodista en su noticiero matutino en Las Estrellas o en su columna de El Universal. No. Quieren más información por si en una de esas hay que desprestigiarlo aventándole todo el poder del Estado.
Nada nuevo para el Grupo Atlacomulco que hoy nos gobierna. Están acostumbrados a poner “pajaritos en los alambres”. En 2001, un artículo de El Universal (http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/6865.html) daba cuenta cómo el gobierno mexiquense tenía “una red de inteligencia conformada por 200 empleados dedicada a la vigilancia e investigación de políticos, empresarios y líderes sociales, cuya principal característica es su oposición o crítica a la administración de Arturo Montiel Rojas”. La operaban el entonces secretario de Gobierno, Manuel Cadena, y Alfonso Navarrete Prida, subsecretario de Seguridad Pública, hoy secretario del Trabajo del gobierno federal, viejo operador del presidente Peña. Siendo Peña gobernador, sucesor de Montiel, en 2008 se descubrió otro centro de espionaje que operaba en esa entidad al mando de un exdelegado del Cisen, Luis Miguel Dena. No sólo espiaban a los panistas, que estaban en el gobierno federal, sino a todo tipo de personajes involucrados en la sucesión presidencial de 2012, incluyendo a priistas como Manlio Fabio Beltrones.
Mientras 24 millones de mexicanos ganan cinco mil pesos al mes, el gobierno de este país gastó un millón 170 mil pesos para pagar la licencia de espionaje al iPhone del hijo de Carmen Aristegui (según NYT, “para espiar a diez usuarios de iPhone, el fabricante cobra 650 mil dólares”). Es el colmo que la respetada periodista, que dio a conocer la historia de la infame Casa blanca de Peña, financiada por un amigo contratista, no sólo siga fuera del aire sino que además la espíen a ella y su hijo adolescente.
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Mancera: tormenta del Día del Padre
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que me contagias cuando ríes y cuando lloras. Florestán
El sábado un amigo de muchos años me pasó una exclusiva: Miguel Mancera pidió la renuncia a todo su gabinete.
Luego me volvió a mensajear: Mercado, Almeida, Manuel y Gaviño me dijeron que es cierto y están en el ácido. Se refería a Patricia Mercado, que llegó a la Secretaría de Gobierno el pasado 15 de julio, tras el primer gran ajuste del equipo del jefe de Gobierno, 12 días antes. También hablaba de Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública; Manuel Granados, que entonces llegó a la Consejería Jurídica desde la Asamblea Legislativa, y Jorge Gaviño, que quedó como director del Metro en lugar de Joel Ortega.
Además, cambiaron de cargo o llegaron al gabinete, Alejandra Barrales como secretaría de Educación por Mara Robles; José Ramón Amieva, que era consejero Jurídico, a Desarrollo Social en relevo de Rosa Icela Rodríguez que se fue a Desarrollo Rural, y Amalia García como secretaria del Trabajo, donde estaba Patricia Mercado que ascendió.
Posteriormente, designó a Julio César Serna, desde la Central de Abasto, como jefe de su gabinete, a la salida de Javier González Garza.
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¡Periodistas espiados y… periodismo de quinta!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que lo nuevo no es que en México el espionaje alcance a periodistas, políticos, empresarios, líderes sociales y todo aquel que para algunos sean un riesgo y un negocio para otros.
Espían instituciones del Estado, espían grupos criminales, empresariales y hasta grupos especializados en infidelidad. Bueno, espían “malandros” que roban identidad, documentos confidenciales y cuentas bancarias. Incluso quienes buscan chantajear a los infieles.
El problema, sin embargo, no es saber que todos somos espiados. No, el problema es probarlo, con nombre y apellido —santo y seña—, para que la autoridad castigue el crimen llamado espionaje.
Y viene a cuento porque la mañana de ayer el escándalo fue mayor. Un supuesto reportaje —firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth— se convirtió en debate. Y es que según el “prestigiado” The New York Times, el Estado mexicano espía a periodistas y activistas. ¡Gran novedad!
Sin embargo, la revisión elemental del “reportaje” arroja una deficiencia periodística alarmante; falta elemental de ética, rigor y la pieza termina en un grosero “champurrado” entre opiniones, supuestos y presunciones.
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La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que como buenos gambeteadores los brasileños le hicieron una finta al gobierno mexicano. Nos comentan que la semana pasada estuvo en Brasil el subprocurador jurídico e internacional de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, con el fin de recibir el tan ansiado expediente de funcionarios mexicanos que habrían aceptado sobornos por parte de la empresa Odebrecht, como lo había acordado la Fiscalía de aquel país con varias naciones, México entre ellas. Sin embargo, la Fiscalía carioca no le dio nada a ningún país. Argumentó que la Corte se lo prohibió, pese a que incluso había acuerdos firmados. El viaje de don Alberto, nos comentan, no fue en vano, pues aunque no trajo el expediente obtuvo la declaración de dos ejecutivos de la empresa desde la cual se pagaban sobornos. Brasil 1- México 0.
Los zapatos de Costa Bonino
El consultor político Luis Costa Bonino, quien asesoró en 2012 a Andrés Manuel López Obrador, en su búsqueda por la Presidencia de la República, no es un dechado de austeridad. El asesor se hizo famoso en ese año por haber estado en una cena, donde “pasó la charola”, como se dice en el argot político, para ganar la Presidencia de la República. Esa cena fue registrada por EL UNIVERSAL. Ayer en su cuenta de Twitter, don Luis posteó la foto de unos zapatos que quiere comprarse, cuyo costo, escribió, es de mil 295 euros, es decir 26 mil 314 pesos al tipo de cambio de ayer. Eso sí, don Luis puso en su cuenta que esperará los saldos, para poder comprarlos un poco más baratos, como en unos mil euros, algo así como 20 mil 320 pesos. Con esos gustos tan caros, don Luis no parece combinar con algunos de sus clientes que hablan de austeridad.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el líder del sector popular del PRI, Arturo Zamora, por orden del propio dirigente nacional, Enrique Ochoa, tuvo que hacer la llamada que menos hubiera querido para disculparse con José Ramón Martel, pues hasta el propio secretario general adjunto de la CNOP, Jesús Hernández Piña, estuvo en la reunión de aquellos a los que el primero calificó de “políticos de café”.
Dicen que el ceneopista lo invitó a cenar para aclarar “malos entendidos” y hasta le dijo que no se le olvida que fue justo él quien lo apoyó para ser candidato a presidente municipal de Zapopan, pero Martel se dio el lujo de responder que no acepta cenas, sí un desayuno o una comida, siempre que sea en un lugar público.
Que la PGR, que encabeza Raúl Cervantes, citó para el próximo jueves a Juan Carlos Pérez Góngora para que aporte pruebas sobre su denuncia contra Enrique Solana, presidente de la Concanaco, y otros directivos de esa confederación, por conflicto de interés y sobreprecio en la venta de tabletas ineficientes.
Los señalados también serán citados en breve para que respondan ante un juez por un quebranto al gobierno federal, en su beneficio, superior a 60 millones de pesos por la venta inflada de 15 mil de esos artículos electrónicos destinados al Instituto Nacional del Emprendedor.
Detrás de todo está la pugna por el liderazgo nacional de los comerciantes.
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