La credibilidad del comité y fiscalía anticorrupción de Puebla depende de que sus miembros rompan su papel de exfuncionarios, ya que por ahora su fiabilidad está en duda, mientras que el éxito del sistema está sujeto a voluntad política y buen presupuesto.
Así lo sentenció Lilia Vélez Iglesias, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), quien señaló que la sociedad tiende a cuestionar la honestidad de alguien que ocupó un cargo en la administración pública, por lo que al ocupar uno que exige transparencia, estas personas tienen que ganarse la confianza de la gente desvinculándose de su pasado en el gobierno o en algún partido político.
Esto en referencia a que Karen Berlanga Valdés, exdelegada de Diconsa en Puebla, y María del Carmen Leyva Báthory, excoordinadora estatal de Transparencia, electas para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), designación ha sido criticada de obedecer a intereses políticos.
En entrevista para Ángulo 7, Vélez Iglesias puso en duda que la exfuncionaria federal haga un buen papel, pues, aunque admitió que desconoce toda su trayectoria, enfatizó que hasta ahora no ha encontrado rastros de experiencia en temas de rendición de cuentas o acceso a la información.
Si bien pidió darle el beneficio de la duda, cuestionó el hecho de que haya sido nombrada sin experiencia comprobable en el área, con lo cual se descartó a perfiles que probablemente cumplían mucho mejor con el perfil académico que exige el puesto.
Ganarse la credibilidad
Sobre Leyva Báthory, comentó que a su paso en el ayuntamiento de Puebla hizo un buen trabajo, pues la capital se posicionó en los primeros lugares de transparencia, motivo por el cual incluso recibió reconocimientos.
Respecto al docente e integrante de la organización Nodo de Transparencia, Daniel Alejandro Valdés Amaro, ahora también miembro del comité, dijo que tiene “muy claro su trabajo”, y mencionó que una de sus fortalezas es su amplio conocimiento en las tecnologías de la información.
En cuanto a Catalina Aguilar Oropeza, parte del Consejo consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) estatal, y al empresario y exvicerrector de Extensión y Desarrollo Institucional de la Udlap, Francisco Javier Mariscal Magdaleno, reconoció que no conoce a fondo su trabajo, pero del segundo tiene “buenas referencias” como auditor.
Vélez Iglesias refirió que, “en general”, el comité podría tener un buen desempeño, siempre y cuando las cinco personas que lo conforman se comprometan y demuestren que –contrario a lo que se señala- no obedecen a intereses políticos.
A su parecer, el proceso mediante el cual fueron seleccionados fue transparente y abierto, por lo que aseveró que no fueron puestos “a modo”, sin embargo, puntualizó que se tienen que ganar la confianza y la credibilidad de la sociedad.
Gobiernos, obligados a legitimar SEA
El primer paso para ello, explicó, es que las decisiones del comité se tomen “a los ojos de todos”, con procedimientos que no deje espacio a especulaciones.
Agregó que a esta etapa de legitimación se deben sumar los gobiernos estatal, municipales y el Congreso, pues tienen que garantizar autonomía al comité, voluntad política para abonar a su buen funcionamiento y no obstaculizar su trabajo.
Hizo hincapié en que el Ejecutivo y el Legislativo deben dotar de presupuesto suficiente al organismo, a fin de que cumpla sus necesidades, para lo cual sugirió que sea el propio comité el que proponga un monto estimado, pues el gobierno estatal planteó en su proyecto de Ley de Egresos un presupuesto de 7 millones 400 mil pesos.
Todo esto también lo aplicó para la Fiscalía Anticorrupción, que preside Enrique José Flota Ocampo, quien antes encabezaba la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y ha sido señalado de obstaculizar denuncias de violaciones a derechos, como el caso Chalchihuapan, bajo las órdenes de Víctor Carrancá Bourguet, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por ello, la presidenta de la Amedi puntualizó que el fiscal anticorrupción también está obligado a garantizar su honestidad e imparcialidad, pues será él quien dirija las indagatorias contra funcionarios acusados de corrupción.
TJA opaca al SEA
Lo mismo apuntó para los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), quienes fueron propuestos por el gobernador Antonio Gali Fayad y ratificados sin ningún análisis por el Congreso, por lo que también se desconfía de su autonomía.
Aunque lo denunció en su momento, Vélez Iglesias lamentó de nuevo que los nombramientos fueron “fast track”, sin una entrevista de por medio ni la revisión de otros perfiles, pues los designados: David Paz Moreno, María de Lourdes Dib Álvarez y Alfonso Siriako Guillén Almaguer también carecen de experiencia en temas de rendición de cuentas.
Además, el primero está vinculado a Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle y ahora aspirante a la gubernatura; la segunda ocupó cargos por el PRI, partido del que aún es militante, mientras que el tercero fue funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) y enfrenta una queja administrativa.
A pesar de ello, Vélez Iglesias dio una evaluación positiva al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), pues concluyó que, hasta el momento, va en tiempo y forma, toda vez que ya se conformaron las instancias que lo integran (el comité, la fiscalía y el TJA), así que únicamente falta fijar el presupuesto y reformar la Ley de Responsabilidades.
Por eso, reiteró el llamado a que haya voluntad política por parte de los gobiernos, ya que el éxito del sistema anticorrupción depende precisamente de eso: que no sea corrompido.
