Tras rendir protesta, los tres magistrados del TJA anunciaron que el inicio formal de operación es el 18 de diciembre y negaron que designarlos en el cargo por 15 años sea un pago de favores, aunque Alfonso Siriako Guillén Almaguer enfrenta una queja administrativa.
David Paz Moreno reconoció su cercanía con Martha Erika Alonso Hidalgo porque trabajó con ella en el área jurídica del DIF estatal, cuando Rafael Moreno Valle fue gobernador, pero rechazó que su designación haya sido un “premio“, pues aseguró que “lo ganó con su experiencia“.
Dijo que hace 20 días se enteró de que el mandatario Antonio Gali Fayad lo designó magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TSA), pero hasta el momento no se ha reunido con él para que le explique la razón por la que lo nombró, por lo cual – aseveró- es un cargo que “ganó” gracias a su esfuerzo.
No obstante, reconoció que Alonso Hidalgo pudo haberlo “recomendado” con el mandatario, pero no consideró que eso haya influenciado más que su conocimiento y experiencia como abogado.
Entrevistado en el Congreso antes de que los diputados aprobaran por unanimidad su nombramiento, mencionó que aún no se define un presidente para el órgano que se encargará de investigar y sancionar actos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno estatal y los municipales.
Uno arrastra queja administrativa
Detalló que desde este miércoles hasta el 7 de diciembre, los magistrados elaborarán el reglamento del tribunal, así como la agenda en la que trabajará los primeros días mientras abren expedientes.
Por su parte, Siriako Guillén Almaguer aceptó que arrastra una queja administrativa en su contra cuando fue asesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes (SIMT), cargo del que se separó hace unos días, pero descartó que su honestidad esté en entredicho.
El motivo de la denuncia es que habría autorizado de manera arbitraria el pago de un laudo a tres empresas a las que se les revocó el contrato para la remodelación del Centro Expositor en el sexenio del priista Mario Marín Torres.
El monto del pago fue de 102 millones de pesos y lo habría autorizado en los primeros meses de este año, tras más de cuatro años en litigio, pues el gobierno estatal revocó el contrato en el 2009 a cuatro firmas, quienes reclamaron la compensación, pero la administración de Marín Torres se negó a pagarla y las empresas iniciaron un juicio en el 2013.
A finales de 2016, los tribunales fallaron a favor de las empresas, pero Guillén Almaguer aprobó el pago solo a tres de ellas, por lo que la otra (Instalaciones Inmobiliarias de Puebla) lo denunció y la Contraloría abrió un expediente para investigarlo.
Niegan influencia de partidos
Sin embargo, el ahora magistrado minimizó la denuncia con el argumento de que “su experiencia lo respalda”, por lo que reiteró que la queja no es “una mancha” en su carrera.
María de Lourdes Dib Álvarez fue regidora de Puebla por el PRI del 2011 al 2014, durante la administración del panista Eduardo Rivera Pérez, por lo que fue cuestionada respecto a si dejará el partido ahora que tiene un cargo que exige imparcialidad, pero respondió que no.
Sostuvo que a pesar de que sigue siendo priista se ha “distanciado” de actividades partidistas, por lo que desdeño que desde la dirigencia estatal del tricolor puedan influenciar sus decisiones en el tribunal.
“La imparcialidad es parte fundamental para el cargo, pero les garantizo que no habrá línea de ningún tipo; tanto el tribunal como cada magistrado defenderemos nuestra autonomía“, aseguró.
De igual forma, señaló que no hay un motivo en especial de su nombramiento más que su esfuerzo, al igual que afirmó desconocer cuál será su salario, el presupuesto que se otorgará al tribunal y dónde se ubicará, pues dijo que aún está en su etapa de formación.
