La exdelegada de Liconsa en Puebla, Karen Berlanga Valdés y María del Carmen Leyva Báthory, excoordinadora estatal de Transparencia, fueron electas para formar el comité anticorrupción de Puebla, órgano que vigilará a funcionarios y dependencias.
Catalina Aguilar Oropeza, integrante del Consejo consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) estatal; el empresario y exvicerrector de Extensión y Desarrollo Institucional de la Udlap, Francisco Javier Mariscal Magdaleno, así como el abogado y docente Daniel Alejandro Valdés Amaro, conformaron el resto del comité.
Ellos fueron los cinco electos de los 25 que fueron entrevistados luego de pasar el primero filtro, al que entraron un total de 51 aspirantes.
En sesión del Pleno de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla (SEAP), realizada el lunes, se aprobó por unanimidad el nombramiento de las cinco personas que se encargarán de supervisar el funcionamiento y rendición de cuentas de todas las instancias que administren recursos públicos.
Cada integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del SEAP estará en el cargo por un tiempo definido y diferente al del resto.
Mariscal Magdaleno estará cinco años al frente del comité, siendo el miembro que más tiempo ejercerá funciones, seguido de Leyva Báthory, que estará cuatro años.
Rinden protesta el miércoles
Valdés Amaro, Aguilar Oropeza y Berlanga Valdés ocuparán el puesto por tres, dos, y un año, respectivamente.
La toma de protesta de los integrantes del CEPC se llevará a cabo el miércoles 8 de noviembre en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP a la 1 de la tarde, durante la sesión pública de la comisión de selección.
En un comunicado, la comisión expresó: “hemos concluido con nuestro compromiso de integrar el primer comité estatal de participación ciudadana del estado de Puebla con los cinco integrantes que tienen los mejores perfiles de acuerdo a nuestro criterio, como señala la ley”.
Aunque ya esté conformado el comité, este no empezará funciones forma inmediata, pues falta reglamentarlo, fijar el presupuesto para su financiamiento, así como proporcionarles instalaciones.
De igual forma, hace falta legislar sobre tres aspectos para que -ahora sí- inicie a operar el sistema estatal anticorrupción.
Operará hasta entrado el 2018
La ley de responsabilidades, la creación de la fiscalía anticorrupción, así como la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) son los rubros pendientes, que se concretarán hasta el 2018, reconoció el líder del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui.
Sobre la ley de responsabilidades, comentó en entrevista que aún se está decidiendo si se deroga la ley estatal y se atrae la federal, o se ignora esta última y solo se adecúa la estatal o viceversa.
A decir del panista, lo más viables será atraer la ley federal, pero reformarla antes de derogar la estatal, a fin de incluir aspectos que no contempla.
Por ejemplo, refirió que en la ley de responsabilidades federal no reconoce como medida el juicio político, mientras que la estatal sí, pero la base de la ley nacional es más precisa y mejor fundada, por lo que consideró que se elegirá tomar en lo general la ley nacional y adecuarla.
Con respecto al TJA, el diputado recordó que a mediados del año se nombró a los primeros tres magistrados, pero falta definir si se agregan otros cuatro o no, así como reglamentar su funcionamiento y también dotarlos de oficinas.
Por lo anterior, admitió que al menos en lo que resta del año no comenzará a operar el sistema anticorrupción en Puebla, pero sostuvo que “se espera” concluir todo el tema legislativo antes del primer semestre del 2018.
Con respecto al comité, rechazó que el estar integrado por exfuncionarias significa que se “protegerá” a los gobiernos, pues aseguró que fueron electas por su trayectoria y conocimientos, además de que aseguró que el proceso de selección fue hecho con transparencia.
