Jorge Rodríguez Corona /A Puerta Cerrada /El Sol de Puebla
Si bien pugnar por la permanencia de Fernando Morales Martínez en el PRI sería tanto como emprender una misión imposible, el comienzo de un procedimiento de expulsión por parte del Comité Directivo Estatal de ese partido parece atender más a una reacción personal de Jorge Estefan Chidiac que a una verdadera necesidad partidista. Y eso no arroja buenos pronósticos.
La actuación de Morales Martínez como subordinado y operador político del gobernador Rafael Moreno Valle se hizo evidente, y se confirmó, cuando ocupó la presidencia estatal del tricolor en el proceso electoral federal de 2012, lo que llevó a no pocos militantes de ese partido a pedir, al año siguiente, que fuera desterrado de sus filas.
Para los comicios locales de 2013, los actos de “traición” y “deslealtad” que el comunicado del PRI le atribuyó ayer al servidor público con licencia ya eran tema de conversación del entonces delegado especial del CEN, Fernando Moreno Peña, con integrantes de la dirigencia priista.
Pese a las insistencias, aquella vez el colimense optó por olvidarse de Morales Martínez y de otros tricolores, como Enrique Doger Guerrero y Javier López Zavala, para los que se pedía el mismo destino.
Dos años después, como presidente del PRI, Estefan decidió concretar la ejecución de su todavía compañero de partido, quizá en respuesta a las expresiones retadoras (y descaradas) que le lanzara días atrás.
Seguro que muy pocos se atreverán a defender a Morales, y tal vez él mismo no quiera que lo defiendan, pero comenzar su expulsión en medio de una campaña electoral tan ríspida como la que se registra ahora mismo en Puebla podría ser un error, podría generar al partido y a su candidata al gobierno del estado, Blanca Alcalá Ruiz, daños colaterales.
Imagine, de entrada, voces que pidan más expulsiones y que no estén dispuestas a conformarse con un simple “no” como respuesta.
¿Qué explicaciones darán en el Comité Directivo Estatal?
¿O en el Comité Ejecutivo Nacional?
Suponga al mismo personaje pre-expulsado en una estrategia de autodefensa (pública y privada) que termine por distraer la atención y los recursos de la dirigencia partidista en estos momentos de contienda electoral.
O vislumbre a un papá (Melquiades Morales Flores) dolido por el linchamiento público, justificado o no, de su primogénito, después de otorgar el respaldo público que se le demandó hace unas semanas.
El procedimiento de destierro podría abrir un nuevo flanco de batalla que resultaba a todas luces innecesario.
¿Por qué no esperar entonces hasta después del 5 de junio para realizarlo?
Es pregunta.
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