Fermín Alejandro García /Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
El regreso vacacional de muchos notarios públicos de Puebla será muy amargo cuando se enteren que, previo a la semana santa, en fast track –de dos días– se votó en el Congreso y se promulgó una reforma a la Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria que eliminó las restricciones para el programa de escrituración gratuita, que se hace con fines electorales, que se le quitó el carácter popular y se acrecienta la opacidad con que se ha manejado.
El problema de fondo es que se cree que dicho programa tiene una doble intención: por un lado es una de tantas maniobras para generar votos a favor del PAN y por otro, que es un instrumento para emprender una cacería de brujas contra varios fedatarios, a quienes se les buscará quitar la patente notarial con el argumento de que no cumplieron con el proceso de escrituración gratuita.
La administración morenovallista buscará cerrar el sexenio con el discurso de que no creó nuevas notarias, tal como lo hacían los gobiernos del PRI, pero si intentará que se retiren algunas patentes notariales para que a su vez sean otorgadas a personajes afines al grupo en el poder.
Para concretar tales propósitos el gobierno del estado tiene como aliada a Verónica Morales Alfaro, la actual presidente del Colegio de Notarios e hija del ex gobernador Melquiades Morales Flores, cuya familia actúa acorde a los intereses del titular del Poder Ejecutivo, Rafael Moreno Valle Rosas.
Una prueba de lo anterior es que a finales de 2016 el gobierno del estado y Verónica Morales firmaron un acuerdo para emprender un programa de escrituración gratuita de predios destinados a casa habitación o casas de bajo valor, todo ello dirigido a beneficiar a familias de bajos recursos económicos.
El problema de ese acuerdo es que Verónica Morales lo hizo sin consultar a todos sus representados. Hasta la fecha no se ha realizado la asamblea del Colegio de Notarios para informar los términos plasmados en el acuerdo, pese a que varios fedatarios han exigido obtener una copia del convenio para estar enterados a que reglas se deben atener.
Al final la mayoría de los notarios se acabaron enterando de las bases del acuerdo debido a que el 23 de diciembre de 2015, en el Periódico Oficial del Estado, se promulgó la Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria, que ocho días antes votaron los diputados locales. Por esa razón supieron cuáles eran los límites del convenio en cuestión y que no pueden cobrar honorarios por expedir escrituras a quienes entran a dicho beneficio.
Para mayor sorpresa, en el último día del año pasado, cuando todo mundo suponía que la actividad de las instituciones públicas estaban en receso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma a la Ley del Notariado en la cual, en el artículo 175, inciso XI, se establece que se puede retirar una patente notarial por:
“Por no cumplir con los convenios celebrados por el Colegio de Notarios con el gobierno del estado, con los programas emitidos por este o con los requerimientos que el mismo le haga en específico a los notarios”.
Es decir, al mismo tiempo que se les obligaba a los notarios a entrar a un sistema de escrituración gratuito se les extendía la amenaza de que quien no lo acate, le van a quitar su patente. Por eso nadie ha protestado por la imposición de dicho programa. Otra anomalía es que el 16 de enero de este año se publicó un acuerdo, del titular de la Secretaría General de Gobierno, en el cual se establecen los lineamientos para el Programa de Escrituración y Regularización 2016, en los cuales se indica que:
Cuando alguien pida ser beneficiario del convenio, el notario público que lo atienda está obligado a que en tres días –como máximo– debe redactar el instrumento que corresponde, con las firmas de los interesado, en una serie de folios que especialmente se han emitido para tal propósito, con el pequeño detalle que esos folios no han sido repartidos entre los fedatarios.
Algunos creen que la falta de repartición de esos folios especiales es la trampa para acusar a algunos notarios de no cumplir con la escrituración gratuita.
Más allá de que si el programa es o no es una trampa para sacar de circulación a algunos notarios, lo cierto es que el convenio no ha funcionado.
El esquema era para ayudar a personas de estratos populares, por lo cual se establecía los siguientes límites: solamente se podía escriturar predios destinados a casas que no tuvieran un valor superior de 550 mil 60 pesos, o viviendas de ese precio.
Además, que el beneficiario no tenga otro predio o casa. Y que quien solicite el beneficio, junto con su cónyuge, no adquieran otro predio por la vía del acuerdo de escrituración gratuita.
Con esas limitantes fueron pocos los ciudadanos que entraron al sistema de escrituras gratuitas. No fue una medida de mucho impacto social.
Por esa razón el pasado 15 de marzo, los diputados locales sin discutir ni analizar el tema, aprobaron una reforma a la recién creada Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria, para derogar los incisos b y c del artículo 8 de dicho ordenamiento. Y con una velocidad sorprendente, un día después los cambios se publicaron en el Periódico Oficial del Estado.
Al eliminarse esos incisos se quita las restricciones antes mencionadas, por tanto ya pueden entrar al programa de escrituración gratuita quien tenga más de un predio, o adquiera otros terrenos o casas por la vía de este programa. Con ello se le quitó el carácter popular a dicho sistema.
La velocidad que se le aplicó a la última reforma a la Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria, obedece a la necesidad de ganar votos a favor del PAN durante los dos siguientes meses de campañas electorales.
Para nayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/03/28/endurecen-caceria-de-brujas-vs-notarios-con-programa-de-escrituras-gratuitas/
