De audios, escándalos, moches y delegados federales ineptos
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que no lo cuente en voz alta, pero en el partido de Andrés Manuel López Obrador el ambiente comienza a caldearse entre los grupos que quieren llevar mano en el proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular en 2018.
Y los conflictos podrían cobrar a su primera víctima en los próximos días, en la persona del diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues, cuando se hagan públicos una serie de audios en los que el sobrino político del senador Manuel Bartlett Díaz hace justamente lo contrario de lo que pregona su jefe político nacional: no mentir, no robar, no traicionar.
Rodrigo Abdala quiere ser candidato a la gubernatura de Puebla en 2018, cuestión a la que se opone otro grupo local del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), encabezado por Abraham Quiroz Palacios, bajo el argumento de que el proyecto político de aquél es impulsado por gente externa que quiere tomar por asalto el partido.
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No estaría de más que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, o el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el poblano Juan Carlos Lastiri Quirós, pusieran más atención en lo que ocurre en la Delegación de Puebla, donde algunos funcionarios vienen haciendo su agosto con los recursos de Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
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Parálisis institucional está provocando nuevo sistema de justicia penal
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que contrario al discurso oficial que presenta al nuevo sistema de justicia penal en Puebla como la panacea, está ocurriendo todo lo contrario, ya que se percibe que el modelo recién estrenado ya está provocando una crisis, o mejor dicho una parálisis institucional, puesto que cientos de carpetas de investigación están estancadas sin la posibilidad de que se investiguen los delitos denunciados y ahora presentar a un detenido para que sea puesto a disposición se ha vuelto un martirio, una larga espera que puede superar las 24 horas. Dicho de otra manera: las cosas cambiaron pero siguen los mismos vicios.
Lo grave de esta situación es que no se percibe un interés del fiscal general del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, de querer evaluar y corregir el fallido nuevo sistema de justicia penal, el cual, en voz de algunos especialistas, es visto como uno de los peores del país.
Estos son algunos indicadores que muestran el fracaso de la reforma en materia de impartición de justicia y que simplemente no muestra beneficios para la población:
Entre junio y agosto de este año, meses en que ya se aplicó el nuevo sistema de justicia penal en todo el estado, se supo que en el sector C4 se registraron unas 2 mil carpetas de investigación sin que hubiera algún detenido y en el sector C5 fueron unas 800 carpetas con las mismas características, que aunque oficialmente están siendo objeto de investigación de la Policía Ministerial en realidad los casos no avanzan hacia ningún lado.
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El día que Querétaro se despidió de Audi
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que varios estados de la República compitieron en su momento por la instalación de la nueva planta de Audi.
La armadora alemana tenía un amplio menú de opciones por analizar.
Entre ellas, las que más posibilidades tenían de amarrar la inversión eran Querétaro, Jalisco, Puebla y Guanajuato.
De ahí saldría el resolutivo final.
A pesar de que los cuatro estados sobrevivieron a un proceso de depuración previo, semanas antes al 4 de septiembre de 2012 -la fecha en la que nuestro estado fue seleccionado- ya se conocía de antemano el sentido de la decisión.
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¿Qué más hace falta para detener el tsunami de los feminicidios?
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, indica que el gobierno estatal no puede con los feminicidios porque avanza por su lado, mientras que la sociedad observa con escaso interés la muerte de jovencitas universitarias. Así de simple: un fenómeno hipercomplejo que no sólo requiere la participación de las instituciones, sino también de las familias que han perdido el control de lo que hacen, dicen y con quién salen sus hijos. La Alerta de Género, lejos de ser una solución, se convirtió en bandera política de algunos grupos para golpetear al morenovallismo.
El fenómeno crece y crece, y no es que pueda culparse al gobierno de no hacer nada. El morenovallismo acató el dictamen de la Conavim e impulsó modificaciones legales que se aprobaron hace un mes para endurecer las penas de la violencia de género, además de crear nuevos instrumentos para resguardar la integridad de las mujeres que estén en riesgo mediante órdenes de restricción y protección.
Previamente, el Congreso local legisló en 2012 el tipo penal de feminicidio, y en 2015, lo reformó para incluir seis nuevas hipótesis para que el delito pueda elevarse hasta los 70 años en el caso de mujeres embarazadas. Y recientemente, aprobó el nuevo marco legal para endurecer las penas por violencia de género.
Pero los casos suman y suman. El miedo a pasar más años en la cárcel no detuvo a los feminicidas. ¿Qué queda por hacer? ¿Quién podrá rescatar a nuestras jóvenes de un destino fatal?
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López Obrador anda de Cacería en Puebla
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, señala que los apostadores de los lavaderos políticos han empezado a hacer sus quinielas hacia el 2018.
Las más apasionantes son las de aquéllos que no dan una desde 2010.
Los nombres que manejan son tan delirantes como sus derrotas.
Entre los apostadores serios sobresalen algunos nombres que no encajan en el imaginario colectivo y otros que estarán, sin duda, entre los finalistas a la puja por Casa Puebla.
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