Sistema Estatal Anticorrupción, la misma gata pero revolcada
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que sin darle gran difusión pese la importancia del tema, el Congreso de Puebla aprobó el martes la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, que en términos generales incorpora y adecua la Constitución local a las reformas y adiciones que se hicieron en el ámbito federal.
Vista con detalle, la reforma tiene un claro sentido gatopardista: cambiar para que todo se mantenga igual, ya que no prevé acciones o medidas para ir a fondo en el combate corrupción, la rendición de cuentas y nombramiento de autoridades respetadas y respetables para sancionar conductas y delitos por desvío, malversación de recursos públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en provecho propio.
El Sistema Estatal Anticorrupción establece que serán cinco los organismos responsables de combatir la corrupción en Puebla: el Poder Legislativo, la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sin embargo para que alguno de estos pueda sancionar, destituir, inhabilitar o iniciar un proceso administrativo y penal en contra del gobernador, algún diputado o magistrado, el Congreso de Puebla primero tiene que iniciar un juicio político, erigirse en Gran Jurado y aprobar por mayoría calificada si hay o no lugar para fincar alguna responsabilidad.
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Miran delegados al 2018
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que con la novedad de que el repentino interés de (algunos) delegados federales por establecer relaciones públicas con los representantes de los medios de comunicación en el estado no tiene que ver solo con la tarea de mejorar la percepción pública en torno al trabajo del gobierno de la república, sino con objetivos estrictamente personales.
En efecto, la línea para difundir los resultados de la administración federal vino de la Secretaría de Gobernación, donde despacha el aspirante presidencial Miguel Ángel Osorio Chong, pero en paralelo a los dictados de la dependencia hay también intereses particulares.
Resulta que entre la larga lista de representantes del gobierno federal asentados en Puebla hay un sinfín de suspirantes a cargos de elección popular, y justo es por eso que algunos de ellos se vieron en la necesidad de decir que “sí” a la demanda que se les hizo desde la capital del país, con mayor énfasis a partir de los desastrosos resultados electorales que obtuvo el PRI en los comicios estatales del pasado 5 de junio.
Así que si trabaja usted en un medio de comunicación y algún delegado federal se cruza en su camino para reiterarle su interés por colaborar en la difusión de los programas del gobierno de la república, en realidad estará tratando de construir un proyecto personal con miras al 2018, ya sea como candidato a gobernador, a presidente municipal o a legislador (en cualquiera de las tres rutas posibles: diputado local o federal y senador).
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Moreno Valle, con licencia para matar
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la muerte de otro menor de edad en Puebla nos recuerda que la #LeyBala está más viva que nunca.
Los hechos colocan a nuestra policía como la ejecutora material y al Señor de los Cerros como el autor intelectual de la funesta ley.
A pesar de las “bondades” que se plantearon con la aprobación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, la realidad es que el gobernador obligó a sus diputados a otorgarle una licencia abierta para matar, la cual hoy ampara y protege a su Policía del Terror.
Hay que recordar que el 19 de mayo de 2014 se aprobó la llamada #LeyBala, que tenía como objetivo reforzar las acciones represivas de la policía y pasar por encima de quien se opusiera a las imposiciones gubernamentales, dándole a los uniformados un permiso legal para asesinar.
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Gobierno comete los mismos vicios en los casos de Chalchihuapan y de La Magdalena Tetela
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que Rafael Moreno Valle Rosas se va ir de la titularidad del gobierno de Puebla con las manos manchadas de sangre por la muerte de dos menores de edad inocentes de cometer delitos, pobres y ajenos a la actividad política. Todo es consecuencia de que su administración es abusiva y autoritaria, en donde la Policía tiene permitido disparar indiscriminadamente contra la población y por método la Fiscalía General del Estado (FGE) protege los abusos cometidos por servidores públicos.
En ambos casos, uno ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan –el 9 de julio de 2014– y el otro en La Magdalena Tetela –el jueves pasado por la noche–, hubo diferentes circunstancias, pero los mismos vicios: la orden expresa a policía de disparar contra la gente, abusos de la fuerza pública, uniformados mal capacitados y cansados, y una actitud de las autoridades de proteger los excesos oficiales y echarle la culpa a las victimas.
Solo así se puede explicar que cuando le quedan escasos tres meses a Moreno Valle en el poder y cuando más necesita de una imagen pública positiva, como parte de su búsqueda de ser candidato presidencial, la Policía Estatal ejecuta un operativo mal planeado, lleno de abusos de parte de los uniformados y presuntamente acaba matando a un muchacho inocente, padre de dos criaturas y cuyo único pecado fue bajarse a orinar del vehículo que lo regresaba a su hogar luego de haber trabajado como albañil.
El carácter autocrático de Moreno Valle que lo llevó a no escuchar la más mínima crítica a su gobierno, le provocará cargar con dos asesinatos de menores de edad durante su largo, complicado y reñido camino para contender por la candidatura presidencial del PAN. Sus detractores han obtenido una importante arma en su contra, si es que deciden frenarlo por la vía de los escándalos de su gestión.
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Alta traición en el PAN
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que una negociación integral y pareja del presupuesto federal 2017, planteó Ricardo Anaya ante los gobernadores electos y en funciones, en la Comisión Permanente del CEN del PAN.
Once estados serán gobernados por el PAN el próximo año, 11 millones de personas, por lo que la posición ante la gestión de Peña Nieto involucraba a todos.
No sólo era el dinero, sino aprovechar el momento para garantizar la validez de las elecciones en entidades como Veracruz, empujar la fiscalía Anticorrupción y liberar acuerdos parlamentarios estancados.
Fiel a su estilo, Rafael Moreno Valle se salió del pacto interno en Acción Nacional para dejar que la dirigencia y los mandatarios acordaran, juntos, lo que mejor convenía.
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Puebla, el botín
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que fiel creyente en las encuestas y en la frialdad de los números que las componen, Rafael Moreno Valle sabe mejor que nadie que su búsqueda por la presidencia de la República va cada vez más cuesta arriba.
Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas se hayan salido de lo presupuestado, ni que haya tenido que darle forma al “Plan B” de su proyecto político personal.
Al contrario.
Desde hace más de un año, el gobernador poblano y sus asesores se plantearon que el escenario más probable era tener que esperar seis años más para concretar el sueño presidencial y que había que tomar todas las providencias posibles para maximizar los beneficios de no competir de lleno por la candidatura en el 2018.
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El Usuario de la Trata de Personas que Cobra como Senador
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que en el Senado de la República se discutían las reformas a la Ley General contra la Trata de Personas.
La transmisión del muy mediocre Canal del Congreso transcurría sin alteraciones.
De pronto, dos voces en off captaron la atención de los quince televidentes.
—¿Y vamos a hablar de trata como usuarios?— dijo la voz de un senador.
—Sí, como usuarios, jijiji —respondió otro senador.
—Ah, chinga, yo tengo derechos también, pero no como víctima, jajajajaja —reclamó el primero.
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