La Comisión Permanente del Congreso aprobó un dictamen en el que pide a la Secretaría de Gobernación (Segob) que perfeccione el mecanismo de seguimiento en casos de tortura sexual cometido contra las mujeres, el cual es coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim).
El dictamen señala que un informe de Amnistía Internacional califica de escandaloso y alarmante el índice de casos en que somete a tortura a quienes son detenidas por efectivos policíacos del Ejército o de la Marina.
Además, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y publicar lo mas rápido posible el registro de denuncias desglosadas por género, edad y nacionalidad, pendiente hace seis años.
El dictamen aprobado por la permanente pide a la PGR garantizar la atención médica de las detenidas que hayan denunciado haber sido objeto de agresión sexual, esto con el objetivo de erradicar eficazmente la agresión que sufren al ser detenidas, en especial, dice el texto de la Comisión Permanente, a las mujeres víctimas durante operativos de corporaciones policíacas del Ejército o de la Marina, tratándose de casos de delincuencia organizada.
Violencia sexual como tortura
En el dictamen se indica que en investigación “Sobreviviendo a la muerte: tortura por policías y fuerzas armadas”, Amnistía Internacional reporta un cuadro escandaloso y una realidad alarmante que refleja claramente el nivel de tortura que viven las mujeres, al grado de que la violencia sexual es usada como tortura, parece haberse convertido en una parte habitual en los interrogatorios.
En el documento se hace hincapié en que las detenciones de mujeres se realizan frecuentemente en arrestos en grupo, son acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de altos delictivos sin que existan pruebas sólidas que respalden este tipo de acusaciones.
El organismo internacional sostiene que la mayor parte de las aprehensiones de mujeres durante los operativos se utilizan como un medio para aumentar las cifras de detenciones y “demostrar” así a la sociedad que los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad dan resultado.
Amnistía Internacional entrevistó a cien mujeres detenidas y de ellas 41 dijeron haber sido víctimas de prácticas como la semiasfixia con una bolsa de plástico u otro objeto similar, pero además registró torturas que no dejan carga corporal como descargas eléctricas o golpes. Otras 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.
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