Por Diana Juárez

En su último informe, el GIEI reiteró que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron incinerados en el basurero de Cocula; además, acusó inconsistencias en el reporte de la PGR.

Este domingo, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el segundo informe de los hechos que desde el 26 de septiembre de 2014 no ha podido esclarecer el gobierno federal.

En la conferencia de prensa, los cinco peritos indicaron la existencia de un quinto autobús de pasajeros donde viajaban alumnos y que –señalaron– es clave para esclarecer el caso, por lo que pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) no cerrar esta línea.  

Resaltaron que en el ataque de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, existió una coordinación entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado.

Diversos testimonios –agregaron– indican que aun cuando las víctimas solicitaron el apoyo de los militares del 27 batallón, con sede en Iguala, elementos castrenses les contestaron que no podían brindar auxilio porque “no es nuestra jurisdicción”.

Acotaron que Jorge Aníbal Cruz, uno de los jóvenes, envió un mensaje de texto a su mamá en la madrugada del 27 de septiembre de hace dos años en el que solicitó tiempo aire. “Este teléfono se mantuvo activo meses después y, desafortunadamente, esta línea de investigación no se agotó en su momento. Para nosotros, el grupo tiene la convicción de que esta información contradice la versión de que los estudiantes habrían sido asesinados”.

En tanto, Jamez Cavallaro, presidente de la CIDH, lamentó la ausencia del gobierno mexicano en la presentación y afirmó que el organismo a su cargo continuará dando seguimiento al caso.

Al respecto, en su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto refirió que la Procuraduría General de la República (PGR) analizará el informe completo.

 

Concluye trabajo de la GIEI con gobierno

El GIEI, integrado por Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, llegó a suelo mexicano el 1 de marzo del 2015 para concluir a finales de octubre, sin embargo, los padres de los normalistas pidieron que ampliaran su asistencia hasta el 30 de abril.

Aunque para los familiares la presencia de los expertos debería de continuar, la relación con el gabinete federal, encabezado por Peña Nieto, se rompió el 6 de abril luego de que la PGR hizo públicas –el 1del mismo mes– las conclusiones del tercer peritaje, en el que aseguró que en el basurero de Cocula existió un evento de fuego controlado de “grandes dimensiones”.

La noticia causó molestia del GIEI pues argumentó que la dependencia federal rompió el pacto de confidencialidad que se firmó además de que –acusó– el resultado “no derivó de un consenso entre peritos” y la información debió presentarse antes a los familiares.

A lo largo de este tiempo, los cinco especialistas denunciaron que el gobierno federal obstaculizó su trabajo al señalar la fragmentación en averiguaciones previas y la negativa de darles acceso a las declaraciones de los integrantes del 27 batallón del Ejército, localizado en Guerrero.

 

Foto: José Cárdenas

Fuentes: La Jornada y El Sol de México

 

 

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