Con la detención de Hugo Adolfo “N”, van seis detenidos por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro; entre 2017 y 2019, cuatro policías de Puebla y Quintana Roo cayeron, mientras que Mario Marín Torres, en 2021. Por su parte, el empresario Kamel Nacif Borge sigue en libertad, así como un expolicía.
El 16 de diciembre de 2005, Cacho Ribeiro fue detenida y torturada por elementos de la policía de Puebla y Quintana Roo mientras se encontraba en Cancún, luego de la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, donde denunció una red de explotación infantil comandada por el empresario de origen libanes Jean Succar Kuri, así como por Nacif Borge, la cual era protegida por el entonces gobernador de Puebla, Marín Torres.
La periodista fue trasladada a Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia, durante el cual fue sometida por cinco elementos con la intensión de que desmintiera el libro.
Para enero de 2006, fue exonerada de dichos cargos y, un mes después, dio a conocer una conversación telefónica entre el mandatario poblano y Nacif Borge donde admitió que “le dio un coscorrón” por la publicación de su libro.
Cuatro expolicías detenidos
En 2014, José Montaño Quiroz, excomandante de la policía ministerial de Puebla, fue detenido por su participación en los hechos y sentenciado a cinco años de prisión, por lo que en diciembre de 2020 quedó en libertad tras cumplir la condena.
En diciembre de 2018, Alejandro Rocha Laureano, también policía ministerial de Puebla, fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista. Cuatro años después solicitó un amparo para obtener su libertad; sin embargo, le fue negada.
Juan Sánchez Moreno, quien al momento de la detención de Cacho Ribeiro era comandante de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, fue otro de los detenidos, quien en 2020 fue condenado a más de cinco años de prisión por el caso.
En octubre de 2019, la FGR logró la captura en Cancún de Miguel Mora Olvera, exagente de la policía judicial de Quintana Roo. Por el caso, todavía hay un expolicía detenido, se trata de Jesús Pérez Vargas, de quien se desconoce su paradero.
El 3 de febrero de 2021, Marín Torres fue detenido en Acapulco por el delito de tortura en contra de la periodista y desde entonces permanece en prisión. Apenas el pasado 25 de febrero un juez le negó continuar su proceso en libertad, como lo había solicitado, por lo que se encuentra recluido en el Cefereso del Altiplano.
En mayo de este 2023, el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún determinaría su sentencia; sin embargo, debido a errores en el documento, el procedimiento se suspendió.
Por su parte, este jueves se dio a conocer la captura de Hugo Alfonso N, exjefe de la Policía Judicial, quien fue detenido en Veracruz por el caso. Dicho personaje también participó en la detención ilegal y arbitraria de la periodista.
Detienen a Adolfo “N” por tortura a la periodista Lydia Cacho
Expolicía y Nacif, aún en libertad
Además del expolicía Pérez Vargas, otro implicado que sigue en libertad es el empresario Kamel Nacif Borge, quien en 2021 fue detenido en Líbano por el delito de tortura en contra de la periodista, pero finalmente consiguió su libertad y hasta el momento se encuentra en dicho país.
En agosto de 2021, Cacho Ribeiro acusó que la magistrada del Tercer Tribunal Unitario de Circuito en Quintana Roo, Selina Avante Juárez, ordenó a autoridades de Líbano liberarlo, pese a que hay evidencia de que él orquestó y pagó por la tortura en su contra.
Cabe mencionar que la periodista también ha señalado en varias ocasiones a la jueza Rosa Celia Pérez González de aliarse con Nacif Borge y Marín Torres para facilitar su encarcelamiento y tortura pues fue ella quien le dictó auto de formal prisión por difamación y calumnias.
En 2020, Pérez González compitió para buscar la titularidad del a Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, cargo que finalmente se le quedó a Gilberto Higuera Bernal.
Tras la detención de Hugo Adolfo N, la periodista publicó un video donde llamó a encarcelar a los funcionarios públicos y criminales que compran, venden y explotan a niñas y niños, lo cual documentó en su libro, al tiempo de señalar que seguirá adelante en contra de dichos delitos.
“Creyeron que desde el exilio no iba a seguir adelante y seguimos adelante, contra todos. Los funcionarios públicos no deberían proteger a la delincuencia organizada, deberían de proteger a nuestras niñas y niños”.
