La LX Legislatura en Puebla, la primera con mayoría de Morena, partido que se asume de izquierda, termina su último periodo ordinario sin cumplir con la desprivatización del agua, la despenalización del aborto y la Ley de Desaparecidos, pese a que respaldó estos temas en campaña.
Este jueves concluyó el periodo ordinario de sesiones, el cual estuvo marcado por protestas de colectivos feministas y de búsqueda de desaparecidos.
Y es que, tras la toma del Congreso de Puebla en noviembre pasado, diputados locales se comprometieron a legislar sobre la despenalización del aborto antes del 15 de abril, pero no cumplieron; además, el pasado 16 de junio ingresaron dos nuevas iniciativas sobre el tema, pero como las tres anteriores, se quedaron en la congeladora.
Ante las exigencias de colectivos feministas, en abril pasado los diputados de Puebla organizaron un parlamento abierto sobre el aborto, que inició el 5 de ese mes y concluyo el 27, sin embargo, en su momento, Nora Merino Escamilla, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que debían realizarse más consensos.
Nunca hubo fecha para discutir aborto
Después, la morenista -que consiguió repetir en el cargo- afirmó que la iniciativa ya estaba en comisiones, por lo que ella había cumplido, pero no dio una fecha para discutir el dictamen, aunque luego mencionó que seria en esta semana cuando el tema se abordaría, lo cual tampoco pasó.
Por ello, este 15 de julio, grupos feministas se dieron cita para protestar por la falta de cumplimiento de acuerdos, pero fueron bloqueadas por policías estatales.
En tanto, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho afirmó que es necesario “escuchar” también la opinión de los hombres, pues el embarazo es tema de dos, así como a indígenas, pues tienen una perspectiva diferente por lo que pidió otra vez “dialogar”, al tiempo de acusar presión politizada.
Ley de Desaparecidos, parada un año
Respecto a la Ley de Desaparecidos, fue exactamente hace un año cuando colectivos, de la mano del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la ibero, presentaron la iniciativa, que fue trabajada desde 2019.
Sin embargo, la propuesta se quedó en la congeladora, pese a que en la entidad hay más de 2 mil 700 personas no localizadas, mientras que tan solo en el primer semestre del año se han registrado 661 carpetas de investigación por desaparición, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
La iniciativa se quedó en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como la de Derechos Humanos, bajo el argumento de que tenía que analizarse que no se rebasaran las facultades que como Congreso local tienen, toda vez que hay una Ley General que fue aprobada en 2019, lo cual fue calificado como “un pretexto” por grupos sociales.
Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que presentará una iniciativa para armonizarse a la ley federal y serán los diputados locales quienes decidan si ésta se aprueba en sesión extraordinaria o se hereda a la siguiente legislatura, lo cual fue rechazado por colectivos, quienes exigen que la suya sea la aprobada, pues pone en el centro a las víctimas.
Pese a promesas, desprivatización de agua no fue
En las campañas electorales de 2018, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) puso como una de sus principales promesas la desprivatización del agua, luego de que fue concesionada en 2014, en la gestión de Rafael Moreno Valle, sin embargo, a mediados de marzo de este año, en el último año de la LX Legislatura, Merino Escamilla admitió que el contrato no podría revertirse.
Lo anterior, porque -justificó- habría una interrupción del servicio de agua, lo cual agrandaría las dificultades de la actual contingencia sanitaria, pero afirmó que la gestión a la que pertenece fue “la primera” en abordar el tema y no fue omisa en su promesa, pero “el contrato quedó bien amarrado” y habría afectaciones para el Estado.
Desde octubre de 2019, el ahora diputado con licencia morenista, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que antes de terminar su gestión se lograría revocar el contrato, aunque en ese entonces reconoció riesgo de pagar una indemnización “millonaria“, pero el tema era estudiado por bufetes jurídicos.
Sin embargo, pese a lo dicho por su compañera de partido, el ahora diputado electo Iván Herrera Villagómez usó el tema como compromiso de campaña.