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Piden a SAT investigar a tres financieras en Puebla por presuntos fraudes. Foto: Opportimes

A través de una denuncia ciudadana, se solicitó al SAT investigar a las financieras Instacredit, Planificación Financiera y Credit Corp Solution, que operan en Puebla, por presunta delincuencia organizada para cometer fraudes ofreciendo créditos a la población.

El oficio fue entregado el pasado 18 de septiembre en la oficialía de partes de la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal de Puebla, ubicada sobre el bulevar Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, con la asesoría de Ángel Manuel López Rafael, presidente de la Confederación de Organismos de la Sociedad Civil.

De acuerdo con el documento, al cual tuvo acceso Ángulo 7, se solicita aplicar auditoría a las empresa Planificación Financiera, con domicilio en avenida Juárez 2915, departamento 101, colonia La Paz, Torre Premium, la cual pide a sus clientes depósitos a las cuentas 0381005718 y CLABE 653180003810057180.

Esto, con el propósito de determinar si dentro de sus actividades autorizadas está la de prestar servicios financieros de préstamo, la cantidad de recursos que obtendría de manera ilícita, cuánto personal labora para ella, si está dado de alta ante el SAT y si cuenta con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Lo anterior, luego de que, el pasado 13 de septiembre, este medio diera a conocer la historia de Patricia, quien señala a Planificación Financiera por “defraudar” con cargos a sus tarjetas de crédito y depósitos bancarios que suman 198 mil 300 pesos, los cuales el personal del empresa le dijo que serían “retenciones” a modo de garantía para otorgarle un préstamo de 350 mil pesos, pero resultaron cobros que le hicieron sin darle un solo pesos de lo prometido.

Apenas el pasado miércoles, Ángulo 7 difundió otro caso, el de Mónica, a quien personal de supuesta financiera defraudó por 50 mil pesos con un modus operandi similar.

También se documentó la inspección de las oficinas que renta Planificación Financiera en el edificio Premium por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual encontró varias “irregularidades”.

En el oficio, se pide aplicar las diligencias a Credit Corp Solution e Instacredit, a las cuales se acusa de “defraudar a la población en general”.

Solicitan indagar también a arrendadores

Otra diligencia que se solicita indagar posible evasión fiscal y lavado de dinero por parte de las empresas que arriendan las oficinas a dicha financieras, pues estas intentan deslindarse de cualquier responsabilidad respecto a los presuntos fraudes que se cometen ahí.

Al respecto, López Rafael comentó a este medio que, el martes por la tarde, ciudadanos defraudados solicitaron a la administración de la Torre Premium información sobre el arrendamiento de oficinas por parte de Planificación Financiera.

Como respuesta, la supuesta encargada, quien cubrió su rostro con lentes oscuros y cubrebocas, sólo les dijo que en el inmueble se rentan oficinas “por hora” y se negó a mostrarles documentos que lo acreditaran. Ante la insistencia de los quejosos, llamó a la policía y quiso acusarlos de “allanamiento”.

Sólo hasta que hizo presencia un agente de la FGE, la administración dio acceso a las oficinas donde aún labora el personal de Planificación Financiera.

En la solicitud al SAT, también se pide inspeccionar los edificios donde operan Credit Corp Solution, en el Penthouse del Hotel Holiday Inn Puebla, bulevar Hermanos Serdán, número 45; e Instacredit, en bulevar Atlixcáyotl 1899.

Y a la UIF le piden proceder con embargos

A la Unidad de Inteligencia Financiera, se le pide proceder a “embargar los edificios y las cuentas de las personas morales y físicas que operan como financieras” defraudado a los poblanos, pues advierten que existe el riesgo de que abandones sus sedes.

Asimismo, se plantea la formación de un “Consejo Ciudadano para la Vigilancia de Empresas que Ofrecen Créditos”.

Este organismo estaría conformado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla  y la Confederación de Organismos de la Sociedad Civil, con la finalidad de vigilar que el dinero de los embargos se destine a la devolución de recursos a los defraudados.

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