Para construir una casa, Patricia aceptó en abril pasado, en plena pandemia, la propuesta de “Planificación Financiera” para recibir un préstamo por 350 mil pesos con el “aval” de sus tarjetas de crédito; sin embargo, terminaron haciéndole cargos y cobros por 198 mil 300 pesos, sin entregarle lo prometido y negándose a devolverle el dinero.
Angustiada por la alta deuda generada, la maestra en pedagogía y madre de familia exigió la cancelación inmediata del contrato y logró que la financiera accediera a firmar una carta de cancelación donde prometía devolverle todo lo cobrado a más tardar el 15 de junio, lo cual nunca pasó.
Ante estos hechos, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 18 de junio, a la cual tuvo acceso este medio. Un día después, la financiera le advirtió que no le devolvería el dinero. Y, ahora, vive con la preocupación de que los bancos persistan en cobrarle los cargos por el servicio fraudulento y de que la información de sus tarjetas sea usada con dolo.
En tanto, la financiera, cuya dirección es avenida Juárez 2915, departamento 101, colonia La Paz, cambió de nombre a Unifica y sigue operando. Incluso le volvieron a llamar para ofrecerle un nuevo crédito pese que los tiene denunciados.
En entrevista con Ángulo 7, relató, pidiendo mantener sus apellidos en reserva, que el pasado 17 de abril, la contactó el señor Ricardo Villalobos ofreciéndole el crédito a un bajo interés.
Ante la desaparición de la clientela en el negocio que ella y su esposo administran, así como frente a la perspectiva de levantar su patrimonio, tomó la decisión de escucharlo y visitar la sucursal de avenida Juárez.
Le ofrecieron prestarle reteniendo saldo de sus tarjetas
Ahí le solicitaron como aval una propiedad a su nombre, pero al no tener escrituras le ofrecieron darle el crédito a cambio “retenerle” una cantidad proporcional en tres tarjetas de crédito, pues confirmaron su buen historial en el buró de crédito.
Para el 30 de abril, Julieta Reyes Cerón la citó para firmar el contrato y en ese momento sus tarjetas quedaron bloqueadas como “garantía” (por 174 mil pesos). Le especificaron que el 8 de mayo se le depositaría en su cuenta los esperados 350 mil pesos sin tener que hacer pago alguno previo al préstamo.
Según le dijeron, al realizar un pago por la primera mensualidad, se desbloquerían las tarjetas e incluso le aseguraron que después del depósito tenía 10 días hábiles para cancelarlo sin penalización alguna.
Sin darle lo prometido, comenzaron los cobros extras
Sin embargo, el 8 de mayo Sofía Lara, del “corporativo de Mérida”, se comunicó con ella y le indicó que debía pagar 7 mil 900 pesos por concepto de seguro, los cuales ella tuvo que pedir prestados y aceptó transferirlos ese mismo día.
En cuanto depositó, recibió otra llamada, ahora de Michelle Gómez, quien le pidió un pago de de 8 mil 200 pesos por “comisión” para liberar el dinero “de inmediato”, a lo cual ella ya no accedió por serias sospechas sobre la seriedad de la empresa.
Pasaron los días y no recibió el dinero, por lo que acudió a las oficinas de La Paz, donde la atendió Aranza León, quien la convenció de hacer el último pago asegurándole que la empresa era seria y estaba comprometida a darle el préstamo.
Hecho el supuesto último depósito, el 13 de mayo Reyna Bernal le llamó para decirle que no había colocado los folios de transferencia, por lo que el depósito no era válido. Ante ello, Bernal le propuso volver a hacer el pago y le aseguró que recibirá el préstamo en 40 minutos.
Para indignación de Patricia, hora y media más tarde recibió la llamada de Laura Mejía, quien ahora le pidió 10 mil 300 pesos, a lo cual ella se negó terminantemente, pues para ese momento ya había pagado 24 mil 300 pesos sin recibir un solo peso del préstamo. Entonces, le plantearon aplazar el pago o cancelar el contrato con penalización.
Además, se dio cuenta de que, en realidad, no le retuvieron saldo de sus tarjetas, sino que le hicieron cargos por 78 mil, 66 mil y 41 mil 550 pesos en cada una, cuyos número dio como “aval”.
Ante demanda, se niegan a pagarle
Una semana después, el 21 de mayo, Patricia logró que Aranza León le recibiera una solicitud de devolución, a la cual Ángulo 7 también tuvo acceso, donde la empresa se compromete a regresarle el monto de los cargos hechos a sus tarjetas.
También asegura que le devolverá los 24 mil 300 pesos que les transfirió mediante depósitos. Todo ello, a más tardar el 16 de junio de 2020 y con el acuerdo de que, si no lo hacía, ella acudiría a las “instancias correspondientes” para resolver el asunto.
Asimismo, pidió la intervención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a fin de que los bancos no le cobren los cargos fraudulentos, pues estos le indicaron que están registrados como pagos autorizados por ella.
No obstante, “el fraude estaba hecho” y pasada la fecha límite sin recibir noticia alguna de Planificación Financiera, Patricia procedió a demandarla. De esto, la empresa se enteró en 24 horas y se comunicó con ella para decirle que no le devolvería nada.
Ante esta situación, Patricia exige “el reembolso de mis pagos y la tranquilidad de saber que no harán mal uso de mi información con los documentos que tienen”, pues teme que las deudas se hagan impagables y pongan en riego su patrimonio.