El Observatorio Ciudadano Laboral pidió al ayuntamiento de Puebla que informe sobre los gastos que han destinado al combate del Covid-19, a raíz de la polémica por la compra de 12 ventiladores de uso, por 15 millones de pesos, que estaban en malas condiciones.
En rueda de prensa en el zócalo, la organización expuso, junto al Movimiento Nacional Ruta 5, que la Comuna debe transparentar el uso de recursos de manera desglosada, al igual que sancionar a los funcionarios que estuvieron involucrados en la adquisición de los ventiladores para pacientes críticos, mismos que serían donados al gobierno estatal.
Para ello, pidieron que intervenga la Contraloría municipal, la cual deberá ejercer un trabajo “neutral”, que no se perfile a favor de los responsables; esto, cuando la principal involucrada es la Secretaría de Administración, cuyo titular, Leobardo Rodríguez Juárez, se lavó las manos al decir que la supervisión era responsabilidad de la Secretaría de Salud (estatal) y no de ellos, pues ésta era la beneficiada.
La organización comentó que “no es momento de linchamientos” entre el gobierno estatal y el municipal, pues los ciudadanos “necesitamos certeza y sobretodo la transparencia de los recursos públicos que son invertidos”.
Sobre la situación, este domingo el ayuntamiento emitió un comunicado donde afirmó que nunca solicitaron a la empresa Fulle Hen equipos reacondicionados, luego de que la firma mexicana señaló que las autoridades municipales sabían de la condición de los ventiladores, pues justificaron que era imposible entregar aparatos nuevos de forma inmediata, ya que el periodo es de tres a cinco meses.
La Comuna había destinado 15 millones de pesos para estos equipos, los cuales, no fueron liquidados por sus malas condiciones, lo que representó una ruptura más profunda entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la edil Claudia Rivera Vivanco.
Cabe destacar que la petición del observatorio sobre transparentar los gastos de la pandemia, se sumó a la solicitud del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que requirió a la administración de Barbosa Huerta rendir cuentas sobre los programas destinados a combatir el Covid-19.
