BUAP, en la mira de ASF para auditarle ejercicio de recursos en 2018
Con auditorías, Ley de Educación exhibirá intereses de Esparza: alumnos. Foto: Especial

Alumnos de BUAP se dijeron a favor de que la nueva Ley de Educación estatal obligue a la universidad, con auditorías externas, a rendir cuentas sobre el uso recursos, pues exhibirá los intereses del rector Alfonso Esparza Ortiz, quien se niega.

Esto, de acuerdo con testimonios de seis estudiantes de distintas facultades, entrevistados por este medio, quienes coincidieron en que la autonomía no es favorable para el rector y el Consejo Universitario (CU), pero sí para el alumnado.

Carlos Salcedo Berruecos, de Economía, comentó que la autonomía no debe ser utilizada como un recurso para evitar transparentar los gastos, pues estos, en primera instancia, proceden de los impuestos de la ciudadanía.

«Ha puesto la autonomía de barrera. Que se pueda hacer una auditoría de manera transparente serviría en términos de que los recursos puedan ocuparse para la formación de universitarios«, señaló, pues la universidad recibió este año un presupuesto de 6 mil 654 millones 344 mil 268 pesos, que los alumnos no se explican en qué se ha gastado.

El estudiante argumentó que hay profesores que no pueden enfocar su aprendizaje, ya que se encuentran bajo el esquema de hora-clase, lo cual ocasiona que deban impartir clases en otras instituciones, sin poder brindar una atención continua a los alumnos por falta de tiempo.

«No están pensando en formar universitarios, sino más bien en ver cómo hacerle para tener un ingreso más o menos estable», mencionó.

Auditoría devela intereses dentro de BUAP

Esto, pues la nueva Ley General de Educación de Puebla, aprobada el 17 de mayo, establece que las universidades públicas estarán obligadas a rendir cuentas de los recursos recibidos al estado, además de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) regulará los nombres de las universidades, entre otros aditamentos.

Manuel, otro estudiante de la misma facultad, agregó que la falta de transparencia y el posible desvío de recursos repercute en alumnos y docentes, además de que una fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) serviría para develar que hay otros intereses dentro de la universidad.

En cambio, Clara opinó que el gobierno no debería tener tanta injerencia en las instituciones públicas y privadas, aunque reconoció que Esparza Ortiz podría estar disfrazando las cifras con su sistema de auditoría interno.

“Tiene que dar cuentas claras con estudiantes, pero que el gobierno tenga injerencia es una violación a la autonomía”, consideró.

Por su parte, Mayra, de la Facultad de Filosofía, puntualizó que el Consejo Universitario (CH) debería exigir transparencia, aunque «sabemos que están colgados de rectoría«, razón por la que las auditorías internas que Esparza Ortiz ha presumido «nunca darán cuentas claras».

Incluso, destacó que no existe una democracia interna, pues los estudiantes que pretenden postularse al CU suelen ser rechazados, a favor de una planilla específica que, resaltó, solo beneficia a los alumnos afines a la administración.

A favor de evitar colores partidistas

También, mencionó que el uso de colores no partidistas en las escuelas que regula está ley «estuvo bien» ya que, comentó, ha sido usual que en cada administración, los tonos de la BUAP cambien a los de algún partido afín, como sucedió durante el interinato de Enrique Doger Guerrero, quien fue dos veces rector en 1997 y 2005, cuando la institución adoptó los colores del PRI, al cual representó en su candidatura a gobernador en 2018.

«No debe haber injerencia de los partidos políticos. Debe haber una identidad, pero que no deba tener un fin de a qué partido le vas, porque al final utilizar las escuelas para hacerle campaña a tu partido y eso no debe ser», señaló, ya que, según la nueva legislación, las escuelas pueden elegir cualquier color que las represente, siempre y cuando sea neutro y no esté asociado a alguna bancada.

Al respecto, Joel precisó que los colores parecen no tener «trascendencia», pero que se nota cuando guardan cierta inclinación política, como el blanquiazul de la universidad, pues resaltó que durante el morenovallismo, las BUAP solía callar sobre los atropellos cometidos, cuando, ahora, se ha caracterizado por sus diferencias con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Por su parte, Yolanda consideró que también es responsabilidad de los estudiantes exigir una rendición de cuentas y una auditoría, aunque mencionó que no hay «suficiente interés» por parte de los universitarios.