Por mayoría, el Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley de Educación, por lo que ahora bienes muebles e inmuebles de escuelas privadas son parte del Sistema Educativo Estatal, y la SEP regulará los nombres de todas las instituciones.
Tras más de siete horas de discusión durante la sesión del Pleno del pasado viernes 15 de mayo, misma que concluyó después de las 22:00 horas, se aprobó –sin grandes cambios— la iniciativa presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Durante la discusión, la diputada del PAN y presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia, externó su desacuerdo, ya que consideró, la iniciativa de ley limita la capacidad de innovación en contenido y metodología de enseñanza y vulnera la vocación de excelencia de la educación, al incluir párrafos con contenido ideológico.
Modificaciones no fueron profundas
En su intervención, la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garcí Crespo subrayó que no debe tergiversarse la propuesta de la Ley de Educación, ya que solo es una armonización de la Ley Federal en la materia, y negó que en se estipule que las instalaciones de las instituciones privadas formarán parte del estado.
Mientras que legislador panista, Raúl Espinosa Martínez manifestó su desacuerdo por la falta de apertura para escuchar las voces de diversas organizaciones educativas, por lo que consideró la necesidad de regresar a comisiones el dictamen para continuar con su discusión y análisis.
Sin embargo, los cambios que se realizaron fueron pocos pese a las críticas, por lo que estas no hicieron modificaciones sustanciales a la propuesta de ley de Barbosa Huerta.
¿Qué es lo nuevo de la Ley Educativa?
Con la nueva Ley de Educación, aprobada por 26 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones, se contempla que bienes inmuebles y muebles de escuelas privadas formen parte del Sistema Educativo Estatal.
Asimismo, se le permite a la Secretaría de Educación Pública (SEP) regular nombres de escuelas incluidas en el Sistema Educativo Estatal, como públicas y privadas.
De esa manera, las instituciones educativas dentro de dicho sistema no podrán usar nombres de funcionarios públicos ni representantes populares durante el desempeño de sus labores, aunque se quitó la parte en que de igual manera se regulaban los colores de escuelas públicas, por lo que si lo desean pueden usar colores neutros que no estén asociados a partidos políticos.
También la SEP puede fijar las cuotas en instituciones particulares, únicamente si piden intervenir alumnos o padres de familia, en el caso de que, tras una investigación, se determine que los cobros son excesivos o injustificados.
BUAP debe cooperar con ASE
Además, la nueva Ley de Educación prohíbe que escuelas privadas retengan documentos personales o académicos ante la falta de pago, así como quedó prohibido imponer a padres de familia o tutores comprar material o uniformes en el algún sitio especial bajo el argumento que si no lo hacen serán sancionados o no podrán ingresar.
Respecto a la educación superior, se contempla que es obligación de universidades, como la BUAP, a cooperar con las auditorías que se le practican para ver cómo manejan sus recursos, pues la Máxima Casa de Estudios de Puebla se ha negado a ser fiscalizada durante el gobierno de Barbosa Huerta.
“En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”, se lee en la nueva Ley de Educación.
Finalmente, en caso de que cualquier escuela incumpla la normativa, se podrán imponer multas mayores a 800 mil pesos, además de que de igual forma pueden ser clausuradas o revocarles sus permisos.