Trabajadores de la BUAP avalaron que la iniciativa de Ley de Educación, que se aprobó este viernes en el Congreso local, sujete a la administración de Alfonso Esparza Ortiz a auditoría estatal, pues consideraron que es “ilegal” que el rector evada esta acción, ya que la la universidad recibe recursos públicos.
En entrevista a Ángulo 7, Bertha Villavicencio Ramos, integrante del Colectivo de Transformación Universitaria (CTU), refirió que este grupo está a favor de la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta, remarcando que Esparza Ortiz ha tratado de eludir que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revise las finanzas de la universidad bajo su gestión.
“Independientemente de la propuesta, él tendría la obligación de darnos cuentas claras, no que forzosamente hubiera una ley que lo estuviera exigiendo”, comentaron.
Sobre las declaraciones del rector hizo acerca de que la Ley de Educación es “ilegal” porque supuestamente vulnera la autogestión universitaria, el CTU expuso que “no puede serlo mientras reciba una universidad pública recursos del gobierno estatal y federal”.
Vale recordar que, para este 2020, la máxima casa de estudios recibió un presupuesto de 6 mil 654 millones 344 mil 268 pesos, procedentes recursos públicos, el cual fue superior en un 2.77 por ciento al asignado en 2019.
En contraste, mencionaron que la resistencia del rector por eludir una auditoría externa sí es “ilegal” pues los recursos de la universidad “no son dinero de Alfonso Esparza, sino de la sociedad poblana”.
Señaló que a esta negación se suma la “falta de democracia” en los procesos internos, pues destacó que los directivos y consejeros universitarios son impuestos, mientras que “desde la cúpula académica los profesores que han incurrido en acosos son protegidos“.
De igual forma, reiteraron que la universidad debería sumarse al proyecto de instituciones que colaborarán con la ONU para la creación de una cura contra el Covid-19, demostrando, con ello, el nivel académico que el rector se empeña en presumir.
Es importante resaltar que la Ley de Educación, propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, contempla que las instituciones colaboran con las dependencias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que reciben; fue aprobada en comisiones el pasado jueves, por lo que se espera su resolución en el pleno.
