Alumnas que mantienen el paro en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la BUAP acusaron a las autoridades de encubrir a maestros acosadores y de ser opacas con las denuncias por violencia de género que ha “resuelto” la institución.
En entrevista, reiteraron que tan solo en la FDCS tienen conocimiento de más de 50 profesores que incurren en estos actos, de los cuales, al menos 25 se concentran en Ciencias Políticas.
Destacaron que, fuera de esa cifra, también hay alumnos y administrativos que incurren en dicho tipo de violencia hacia ellas.
Entre los docentes que presuntamente acosan a alumnas, mencionaron al coordinador de Ciencias Políticas, Octavio Moreno, quien “ha invitado a salir a las compañeras, las ha acosado. Cuando le dicen que no, él les está insistiendo”, actitudes que, comentaron, no saben hasta dónde han llegado.
Precisaron que suele llamar a las estudiantes a altas horas de la noche, preguntando por cuestiones personales ajenas a su labor de docente y que incluso ha amenazado cuando se siente atacado o sabe que lo denunciarán.
Tanto él como Luis Miguel Morales Gámez, maestro de relaciones internacionales –afirmaron–, ofrecen a mujeres realizar su servicio social con ellos; en el caso de este último ya había antecedentes de acoso que no fueron tratados, ya que en reuniones los directivos argumentaron que desconocían el hecho.
Destacaron que Andrés Ramos Reyes y Guillermo Rivera son dos “focos rojos” en la carrera de Sociología, pues en sus trayectorias pesan diversas demandas, siendo que uno de ellos ha llegado al “extremo” de mandar fotografías íntimas a las alumnas.
En Criminología, precisaron que el profesor Jesús Eduardo Muñoz León incluso ha buscado a las estudiantes en redes sociales, o consigue sus teléfonos para decirles lo “bonitas se ven en sus fotos”.
Indicaron que hay muchos casos más, pero prefirieron no abundar en detalles debido a que, en situaciones así, suelen ser intimidadas, como sucedió con el docente Pablo Araujo, quien, tras figurar en el tendedero de acosos de la facultad, amenazó por mensaje a una joven.
Autoridades se escudan en la legalidad
Declararon que en las dos mesas de trabajo que han tenido sobre el paro, las autoridades educativas les “dan vueltas” a la situación del acoso, bajo el argumento de que no pueden destituir a los profesores ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje “objetará” que no los pueden despedir, aunque cabe mencionar que dicho órgano ha sido señalado de retrasar los juicios.
Al comprender que no pueden ser destituidos sin pruebas, preguntaron a la Abogada General, Rosa Isabela Ávalos Méndez, qué se necesita para que las jóvenes conformen las carpetas de pruebas contra los docentes, a lo que respondió resueltamente que aunque las tuvieran, cabía la posibilidad de que no pudieran “proceder”.
Ellas también solicitaron otras alternativas, como generar un registro de señalamientos de acoso, mediante el cual las alumnas podrían elegir tomar o no clase con ellos; no obstante, la universidad tampoco les ha dado garantías
“En muchas ocasiones, pareciera que la Abogada General está apelando más a lo legal en el sentido de proteger a los acosadores y a las personas que nos violentan, no tanto a los alumnos”, externaron.
Las “compañeras” tienen desconfianza hacia la institución, pues “sabemos de antemano que no se da un seguimiento, no hay un acompañamiento. Muchas veces sufrimos revictimización y en muchos casos no se hace nada al respecto. No hay una confianza para denunciar”.
Protocolo de violencia de género, opaco
Si bien la BUAP puso en marcha el Protocolo para Casos de Violencia de Género en mayo del 2019, las alumnas mencionaron que es sumamente limitado y que carece de procedimientos, pues incluso Ávalos Méndez no ha sido “transparente” con la cantidad de denuncias presentadas y resultas.
“Ya existe el Protocolo de Genero y hemos visto que la BUAP se ha pronunciado mucho a favor de buscar la equidad de género y de que ya no existan este tipo de prácticas, pero parece que es más propaganda. Sí, nos dicen que han habido ciertos casos resueltos, pero no nos dicen cuántas denuncias tienen”, aseveraron.
De igual forna, destacaron que “cuando se llegó a hablar con la abogada no tenían datos concretos sobre género” ni información de los resultados ni de seguimientos, y que esto se debe, en parte, a que el programa resuelve casos muy específicos y limitados, que “no reflejan la realidad” de lo que ocurre en los planteles ni las representan.
“Queremos ver que estén poniendo manos a la obra porque también sabemos que lo que estamos pidiendo no es imposible. No estamos pidiendo cosas que estén fuera del alcance. Son cosas que ni siquiera deberíamos de pedir”, expresaron con enojo.
Piden filtros para evitar acoso
Entre sus peticiones, destaca que los profesores con señalamientos de acoso abandonen el instituto o que, al menos, reciban una capacitación sobre violencia de género, al igual que sean tomadas como prueba las denuncias colectivas que puedan haber sobre un solo docente.
También, que se fortalezca la contratación de nuevos profesores con diversos filtros con un examen psicológico que permita reconocer comportamientos violentos, así como la inclusión del colectivo Minervas en Resistencia en el Protocolo para Casos de Violencia de Género, con el fin se supervisar y garantizar su ejecución.
Es por ello, que, mencionaron, no levantarán el paro hasta que se resuelvan estos asuntos “fundamentales”, pues “no podemos permitir” que las compañeras sigan teniendo clases con estos profesores.