Ante la auditoría a su gestión, el rector Alfonso Esparza Ortiz quiere ser defensor social, usando el bufete jurídico de la BUAP para ir contra el reemplacamiento en Puebla, pese a que con los gobiernos morenovallistas guardó silencio sobre abusos denunciados por la ciudadanía.
En un hecho inaudito, comenzó a circular este martes en redes sociales, pero fuera de las que son oficiales de la universidad, un comunicado donde dicho bufete “pone a disposición” sus servicios para promover acciones contra la medida gubernamental, incluida en la Ley de Ingresos de 2020 para Puebla.
El documento incluso fue difundido por comunicadores de medios masivos, lo cual se aparta de la práctica usual de la institución, que consiste en informar sobre todo servicio a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.
No obstante, tiene errores e imprecisiones, pues señala un “cobro de reemplacamiento y tarjeta de circulación”, cuando el gobierno el gobierno estatal ha reiterado que sólo se pagará el costo de la nueva placa.
Asimismo, convoca a presentar solicitudes y documentación para iniciar las acciones legales “una vez que entre en vigor el programa”, pese a que ni siquiera se ha dado a conocer una fecha tentativa.
Extraño, porque no apoyó causas, señalan
En entrevista con Ángulo 7, trabajadores y alumnos de la universidad, quienes pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias, comentaron que esta campaña de “defensoría del pueblo” es totalmente extraña a la “falta de crítica” hacia los gobiernos y “nulo respaldo” a causas sociales, que han caracterizado a Esparza Ortiz durante los seis años que ha fungido como rector.
Como ejemplos, señalaron que, durante el gobierno Rafael Moreno Valle, “hizo mutis” ante las “múltiples violaciones a derechos humanos” denunciadas por la sociedad civil e incluso reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre las que destacaron la aprobación de la “Ley Bala” y la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo por uso excesivo de la fuerza.
Con Antonio Gali Fayad –abundaron— “nada dijo” sobre la “falta de resultados” en combate a la delincuencia y ni siquiera se “atrevió” a disentir de la negativa del mandatario a solicitar la alerta de género para Puebla, como sí lo hicieron sus homólogos de la Ibero y la Upaep, pues se trataba de una de las exigencias más fuertes de la ciudadanía.
En cuanto a Martha Erika Alonso Hidalgo, añadieron que, pese a que ella sólo gobernó 10 días, “tampoco se pronunció sobre la violencia e irregularidades” de la elección de 2018, donde la finada panista consiguió la gubernatura.
Cabe recordar que esta no sería la primera vez que Esparza Ortiz usa la estructura universitaria, cuyo financiamiento procede de recursos públicos en un 90 por ciento.
Esto, para promoverse en medio del conflicto político que mantiene con el gobierno estatal, surgida a raíz de la revisión que Auditoría Superior del Estado (ASF) va a aplicar a las finanzas de la BUAP durante el ejercicio fiscal 2019.
Este medio ha documentado denuncias de que directores de preparatorias de BUAP, como la Alfonso Calderón Moreno, y otras de Puebla capital, operan acarreos de alumnos a manifestaciones que favorecen su figura y su discurso.
