El Inegi dio a conocer que en Puebla el 12 por ciento de mujeres detenidas durante 2016 denunciaron violación sexual por las propias autoridades encargadas de su proceso legal, esta fue la octava mayor proporción observada a nivel nacional.
Esta información se encuentra en el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019”, que será presentado en el marco del séptimo examen periódico de México ante ONU a realizarse el 25 de abril de 2019.
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el país, la recurrencia de la violación sexual contra mujeres detenidas es aproximadamente tres veces mayor que en hombres.
El caso de tortura contra Lydia Cacho
En el informe se menciona el caso de Lydia Cacho Ribeiro -detenida arbitrariamente en el estado de Quintana Roo el 16 de diciembre de 2005 y trasladada a Puebla, donde fue víctima de tortura psicológica, física y sexual-.
Tuvieron que transcurrir 14 años y un caso ante el Comité de Derechos Humanos resuelto favorablemente en 2018 para que uno de los agentes policiales fuera condenado por la tortura infringida, mientras que el otro responsable se encuentra prófugo, además de que no hay castigo para los autores intelectuales.
El pasado 16 de abril de 2019, un juez ordenó una orden de aprehensión contra los involucrados en la detención de Cacho Ribeiro, entre ellos el exgobernador poblano Mario Marín Torres –durante su administración fue detenida la periodista—, además del empresario textilero Kamel Nacif Borges.
La orden también fue para la captura del exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y el excomandante Juan Sánchez Moreno, por su presunta participación en la tortura contra la periodista.
Las cárceles en Puebla
Por otra parte, el documento que llegará a la ONU también aborda las condiciones carcelarias en el estado de Puebla, donde se viven situaciones de violaciones a derechos humanos, estos casos se agravan considerablemente en el caso de mujeres privadas de libertad, al negárseles el derecho a una adecuada distribución espacial, acceso a trabajo, educación, salud, deporte y atención a necesidades específicas de las mujeres, entre las que destaca el caso de mujeres embarazadas o madres con hijos al interior de los centros.
De acuerdo con datos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (Idhie), entre 2010 y 2016 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla recibió 16 quejas de tortura donde las víctimas fueron 25 hombres y 4 mujeres, y de las cuales emitió tres recomendaciones. En la mitad de las quejas recibidas la autoridad señalada fue la policía ministerial.
Desde descargas eléctricas hasta mutilaciones
A nivel nacional, el Centro Prodh documentó 29 casos de mujeres denunciantes de tortura sexual (la mayoría detenidas entre 2012 y 2015). De las 29 mujeres, 16 sufrieron violación sexual; en 12 de estos casos, más de un perpetrador intervino.
También se encontró que en ocho casos se sufrió descargas eléctricas en pechos o genitales, hubo tres abortos ocasionados por la tortura, como consecuencia de la práctica de dirigir tortura física hacia el vientre de mujeres embarazadas con el fin (presunto y a veces explícitamente anunciado) de poner fin al embarazo, un caso de mutilación genital.
Otros actos incluyeron: golpes, asfixia, cortes, quemaduras, ejecuciones simuladas, amenazas de violar a sus hijos y ser testigos de la tortura y ejecución de otras personas. En todos los casos, personal ministerial encubrió o descartó las alegaciones de tortura. Las mujeres fueron acusadas penalmente con base en pruebas ilícitas; la gran mayoría sigue privada de su libertad hasta la fecha, en ningún caso se abrió de inmediato una investigación; todos permanecen en la impunidad.
Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó su Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, en el que indicó que las prisiones de Puebla van empeorando, pues no ha podido mejorar las condiciones de hacinamiento y de autogobierno de los reos en estas instituciones.
