El Congreso del estado está en espera de la dictaminación del gobierno estatal que concluye el procedimiento de donación del inmueble “El Hospicio” a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), aprobado en noviembre de 2018.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Nibardo Hernández Sánchez, durante la sesión de este miércoles en la que se dio lectura al oficio enviado por Rosalva Loreto López, directora de Patrimonio Histórico Universitario de la institución.
Argumentó que el 14 de noviembre del 2018, la LX Legislatura del Congreso local aprobó la minuta de decreto por la cual se acordó que el inmueble ubicado en la avenida Reforma número 710 fuera otorgado a la máxima casa de estudios de la entidad, enviando la notificación correspondiente al Ejecutivo para que efectuara la dictaminación correspondiente.
No obstante, el Legislativo poblano se encuentra en espera de la dictaminación correspondiente para concluir el procedimiento, así que los diputados acordaron dar respuesta al oficio, propuesta que tras ser discutida y analizada fue aprobada por unanimidad.
Es de recordar que, en septiembre de 2018, el exgobernador Antonio Gali Fayad buscó enajenar “El Hospicio” para posteriormente venderlo, pero la LX Legislatura denegó su solicitud y pidió que este fuera donado a la BUAP, la cual aceptó para hacerlo un centro cultural.
Rechazan eliminar costos de copias de información
Por otra parte, los diputados declararon improcedente la iniciativa para modificar la Ley de Ingresos de los ayuntamientos y del gobierno estatal para el Ejercicio Fiscal 2019, pues la cantidad estipulada por la elaboración de una copia digital o impresa de la información consultada o solicitada a las autoridades o entidades de gobierno no viola el precepto en el que se considera que el acceso a la información es gratuito.
Lo anterior, tras advertir que el derecho a la información está garantizado y que la reproducción de la consulta efectuada –copias impresas o digitales– generan un servicio y un gasto por la utilización de material que el ciudadano debe cubrir.
Nibardo Hernández Sánchez argumentó que el costo de 2 pesos por hoja simple y de 55 pesos por disco compacto no viola el principio de gratuidad y eliminarlo impacta directamente a los ingresos de los ayuntamientos.
