Érika Díaz Flores, presidenta del Consejo Taxista (CTEP), tachó a Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Movilidad y Transporte, como “corrupto y vende concesiones”, por lo que pidió a la próxima administración estatal terminar con estas prácticas.
En rueda de prensa, en la que reiteró que el viernes pasado fue víctima de un atentado y que ya fueron detenidos dos de los tres posibles responsables, comentó que por años Vivas Arroyo, así como los líderes transportistas Arturo Loyola González y Juan Manuel García García “han hecho lo que quieren”.
Sin embargo, en el caso de García García, ya no podrá formar “parte de la red de corrupción” porque fue detenido por los hechos contra ella, e incluso afirmó que era un “protegido” por las irregularidades de Vivas Arroyo.
Manifestó que el funcionario estatal ha aprovechado su cargo actuando como “juez y parte” para reasignar por “debajo del agua” a alrededor de 3 mil 500 concesiones de taxis, a través de Gustavo Cabrera, a quien usó como prestanombres a fin de que pasaran a hacer de su propiedad.
Loyola opera como intermediario
Asimismo, dijo que el aún subsecretario de Movilidad y Transporte, de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) esta coludido con Loyola Gutiérrez para que este último opere como “intermediario” entre los transportistas y la dependencia estatal para poder conseguir sus concesiones.
Y es que, dijo, realizan cobros para que puedan transitar sus trámites incrementando los costos de 25 mil hasta los 75 mil pesos, por lo que confío que con la llegada de Miguel Barbosa Huerta y Guillermo Aréchiga Santamaría a la SIMT, no se tolere su permanencia ni a “coyotes que solo engañan y extorsionan”.
Finalmente, Díaz Flores mencionó que Vivas Arroyo, quien está en el cargo desde el gobierno de Antonio Gali Fayad generó el crecimiento desmedido de las unidades de Uber al pasar de 4 a 15 mil, además que permitir que Cabify opere sin los permisos necesarios.
