Como parte del Fonden por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el gobierno de Puebla formalizó cuatro contratos de arrendamiento en infraestructura educativa con vigencia de 365 días, pero los lineamientos establecen un plazo no mayor a 30 días, señaló la ASF.
En el tercer informe de fiscalización de la cuenta pública de 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), este órgano dio seguimiento al proceso de reconstrucción por los sismos y fenómenos meteorológicos de 2017.
En el caso de Puebla, la afectación mayor ocurrió tras el movimiento telúrico del 19 de septiembre, por el que el gobierno del entonces mandatario Antonio Gali Fayad recibió recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
La ASE refirió el documento 1687-DS-GF “Apoyos parciales inmediatos por el sismo del 19 de septiembre a la infraestructura educativa en el estado de Puebla” en el que se detectó que el gobierno de Puebla adquirió espacios temporales por un año.
No cuadran fechas
No obstante, resaltó el informe, los Lineamientos de Operación Específicos del Fonden establecen un plazo de ejecución no mayor a 30 días naturales.
Agregó que se observó que no se les dio mantenimiento a baños móviles, sin que se realizaran los ajustes a los contratos, además de que en cuatro contratos (ni especifica si son los ya mencionados) las fechas de las actas de entrega-recepción de los bienes no corresponden con las fechas de entrega de los bienes a las áreas usuarias.
Por lo anterior, la ASF remarcó que en la fiscalización de 2018 volverá a revisar esas observaciones.
Cabe mencionar que tras el sismo (que dejó 41 muertos en Puebla) más de 18 mil alumnos tuvieron que tomar clases en aulas móviles o carpas temporales, pues 127 escuelas de 58 municipios resultaron afectadas.
