La gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo debe exigir a favor de los derechos de las mujeres, además de que elevar a Secretaría el Instituto Poblano de la Mujer (IPM) no abonará al problema de violencia, pues lo importante es quién nombra al frente.
Así lo consideraron, en rueda de prensa, Gabriela Cortés Cabrera, de El Taller, y Laura Nayeli Pedraza Álvarez, integrante de Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, tras dar a conocer el seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Puebla.
Cortes Cabrera reprobó que se blindara la zona de Los Fuertes para que Alonso Hidalgo diera su discurso en el auditorio de La Reforma tras asumir el cargo como mandataria, a pesar de que la panista comentó que va trabajar “por el pueblo” y cercana a los ciudadanos.
“En realidad nos dimos cuenta de que es un gobierno que nos está cerrando la puerta, que nos está limitando, estamos viendo lo que nos espera“.
Ante la pregunta de que si se vislumbra el continuismo, señaló que viene “con la misma línea”, pues en los cinco días que lleva de gobierno no ha habido una apertura para la exigencia de los derechos de las mujeres, lo cual será algo que –dijo— tendrán que exigir.
Y es que, sostuvo, en la administración del hoy senador Rafael Moreno Valle las mujeres fueron relegadas de ciertas actividades y derechos.
Hay elementos para activar alerta de género
Respecto a la alerta de género, Pedraza Álvarez refirió que se tienen los elementos necesarios para que se active, pues Puebla es el único estado que tiene cinco solicitudes para el mecanismo, tres agrupadas en una sola, una de ellas promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Aseveró que a esto se suma la cantidad de asesinatos de mujeres que se han dado en la entidad, pues de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) a la fecha hay 74 casos.
Asimismo, manifestó que es cuestionable los criterios con los que se declara la alerta por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal a través de la Conavim, pues “pareciera” que los índices de violencia y las solicitudes que se han hecho no son suficientes.
De igual forma, calificó como lamentable que quienes han estado al frente del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) declaren que no es necesario este mecanismo, aunado al “pésimo” trabajo hecho por la Fiscalía General del Estado (FGE) en resolver los casos.
“No es tanto cambiar de instituto a secretaría como lo anunció Alonso Hidalgo, lo importante es quien está en el puesto, para hacer una presión a estas instituciones, o hacer la presión, en todas las entidades se ha dejado el trabajo a las institutos de las mujeres y no es el único que debe hacerlo”, expresó.
En ese tenor, ambas activistas comentaron que es necesario involucrar a las organizaciones solicitantes en el proceso de seguimiento de las medidas, e incluso incentivas a más ONGs para dar continuidad para la implementación de la alerta.
Pese a amparo, Conavim no contestó
Cortés Cabrera y Pedraza Álvarez también acusaron que a pesar de que la justicia federal otorgó un amparo indirecto a la asociación “Todos Para Todos”, primera solicitante de la alerta, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim) no dio una respuesta a este mandato.
El recurso que quedó asentado con el expediente 1566/2017 por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Sexto Circuito, en abril de este año, se pedía a la Conavim que en 15 días contestara, sin embargo, atribuyó que debido al proceso electoral se frenó.
Actualmente, en el país se tienen declaradas alertas en 16 estados del país, Veracruz es a única entidad en donde hay dos, una por violencia y otra por agravio comparado.
En el caso de Puebla, la Conavim emitió 15 nuevas recomendaciones por la segunda solicitud a causa de la violencia contra las mujeres, cuyo plazo de cumplimiento se vence en febrero del próximo año.
