Las comisiones de Patrimonio, Hacienda y de Transparencia aprobaron que los PPS sean considerados deuda pública; que su contratación sea analizada y avalada por el Congreso —ya no solo por el gobernador— al igual que el fondo que será utilizado para pagarlos.
Con una serie de reformas a tres leyes, se quitó al titular del Ejecutivo la facultad para contratar Proyectos por Prestación de Servicios (PPS), de Asociación Público Privadas (APP) o fideicomisos sin contar con el permiso de por lo menos dos terceras partes del Legislativo.
Una vez que entren en vigor las modificaciones, los contratos existentes deberán ser inscritos en el Registro Público Único, donde el estatus de los pagos y el adeudo podrán ser consultados.
De esta manera se transparentarán los costos de obras construidas bajo ese formato durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, como lo son el Museo Internacional del Barroco (MIB), la Estrella de Puebla y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.
Durante la discusión del dictamen se calculó que la deuda por dichos proyectos supera los 60 mil millones de pesos, contando los intereses, pues el gobierno indicó que suman más de 8 mil millones de pesos sin tomar en cuenta el gravamen.
Con 8 votos a favor y 2 en contra de Raúl Espinosa y @MgBranding, comisiones de Patrimonio y Transparencia del @CongresoPue aprueban reconocer a los PPS como deuda pública y que su contratación deba ser aprobada por diputados, ya no solo por el gobernador. || @angulosiete pic.twitter.com/JJz1I4TPsa
— Héctor Llorame (@HectorBLN) November 13, 2018
Acaban con contratos a discreción
Por ello los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia celebraron durante la sesión de este martes que con la reforma se conocerá el endeudamiento “real” que heredó Moreno Valle.
Primero se reformó el artículo 2 de la Ley de Deuda Pública, para reconocer los PPS y APP como deuda; luego el artículo 18 de la Ley de Prestación de Servicios para quitar al gobernador la facultad de contratarlos a su libre albedrío.
“Se requerirá la autorización del Congreso cuando se pretendan afectar los ingresos de libre disposición que le correspondan al estado y para los Proyectos por Prestación de Servicios contraídos por la entidad. Se requerirá la misma autorización cuando se pretenda incrementar la afectación”, reza la reforma.
Los “ingresos de libre disposición” consisten en los recursos que el gobierno usará para pagar la deuda, como actualmente ocurre con el Impuesto sobre la Nómina (ISN), que comprometió el anterior sexenio de Moreno Valle para los pagos de los PPS.
En otro párrafo del mismo artículo se estableció que “toda afectación de recursos públicos, sea en numerario o bienes inmuebles, deberá ser autorizada por las dos terceras partes de la Legislatura. (…) El Ejecutivo podrá contratar fideicomisos previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura”.
Información de PPS deberá ser pública
Más adelante se indica que “las afectaciones a los ingresos de libre disposición podrán ser revocadas una vez liquidadas las obligaciones derivadas de los contratos o en el caso de que estos hayan sido rescindidos”.
Finalmente se modificó la fracción XXII del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que ahora se considere como información pública la relativa a “la deuda pública, a los Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) y a las Asociaciones Público Privadas (APP) en lo que respecta a recursos públicos”.
Todas las reformas fueron aprobadas con ocho votos a favor de la coalición Juntos Haremos Historia y el PRI, así como dos en contra de los panistas Raúl Espinosa Martínez y Marcelo García Almaguer.
Los diputados del albiazul afirmaron que las modificaciones contravienen la Ley Federal de Disciplina Financiera, pero esto fue refutado por quienes las avalaron.
Una vez aprobado el dictamen, el miércoles será sometido a votación del pleno en sesión ordinaria, donde bastarán los 22 votos de la mayoría simple de Morena-PT-PES para que sea aprobado, aunque desde ahora los diputados vislumbran que será vetado por el gobernador Antonio Gali Fayad.
