Durante el primer semestre del año, la CDH de Puebla emitió tres recomendaciones al mismo número de autoridades, una de ellas dirigida a la FGE; la cifra total representa 40 por ciento menos en comparación con el mismo periodo de 2017 cuando hubo cinco.
Esto de acuerdo con la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), organismo que encabeza Adolfo López Badillo, con corte al último día de junio y que detalla que las tres recomendaciones están en trámite de cumplimiento.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Víctor Carrancá Bourget, sólo registra una, es el organismo que más quejas tuvo por presuntas violaciones a los derechos humanos en todo el año pasado, pues de las 13 que hubo en total, tuvo cuatro.
La recomendación fue asentada en enero pasado con el número 2/2018, en el que se especifica que los derechos humanos presuntamente vulnerados por personal de la FGE son seguridad jurídica e integridad y seguridad personal.
En tanto, otra de los documentos fue para el ayuntamiento de Puebla, encabezado por Luis Banck Serrato, registrado con el expediente 1/2018 también en enero, siendo principalmente por vulnerar la seguridad jurídica e integridad y seguridad personal.
Mientras que la tercera es para la Comuna de Xochitlán Todos Santos, a cargo de Matilde Demetrio Vallejo Juárez, con el número 03/2018 notificada en abril, cuyos derechos humanos presuntamente violados fueron el de la petición.
Conciliaciones suben 50%
En lo que respecta a conciliaciones, en los primeros seis meses del año se han emitido 12 por parte de la CDH: seis para autoridades estatales y el resto, para municipales; esta cifra significa un incremento del 50 por ciento, ya que en el primer semestre del 2017 se registraron ocho.
Del total de estas conciliaciones, cuatro fueron dirigidas al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), Eugenio Mora Salgado.
Además de que una más fue para la encargada de despacho del Issstep, Adriana Rebeca Galindo Sánchez, la cual se dio a principios de año, ya que se había designado a Mora Salgado como comisionado para la Reconstrucción de Puebla derivado del sismo del 19 de septiembre.
Entre las principales garantías presuntamente vulneradas por personal de esta dependencia estatal están seguridad jurídica y legalidad. Por su parte, la FGE igual tiene una conciliación siendo en seguridad jurídica la presunta violación.
6 fueron para ayuntamientos
En el caso de las autoridades municipales fueron para la Sindicatura de Izúcar de Matamoros, el presidente de Tehuitzingo, Juan Pablo Rincón Moreno; y el alcalde del Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo, todas por seguridad jurídica y legalidad, de las que hasta el momento el último de estos tres ha cumplido.
A estos le siguen los ediles de San Felipe Teotlalcingo, Moisés Jiménez Fuentes; Chiautla de Tapia, Jesús Castro Ramales; y de Tenanpulco, Antonio Mora Sánchez, cuyas conciliaciones les notificaron por violaciones al derecho a la petición, y su estatus de cumplimiento se encuentra en trámite.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, en su índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, la FGE de Puebla retrocedió dos posiciones, al dejar de ser la tercera con peor desempeño el año pasado a ocupar el primer peldaño con la más baja evaluación.
